El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, expidió una resolución el 5 de mayo decretando la intervención funcional de oficio sobre el contrato 001 de marzo 26 de 2020, firmado por la gobernación del Chocó con la empresa Distribuciones Jifar S.A.S.
Este contrato tiene una cuantía de 445 millones de pesos y su objeto es «contratar al operador para adquirir kit de ayudas humanitarias para atender a la población víctima del conflicto armado en el departamento del Chocó».
Con esta decisión el nivel central de la Contraloría asume la investigación de manera directa, desplazando en este caso a la seccional de la Contraloría en el Chocó. Esta intervención funcional oficiosa la asume el Contralor General al considerar la trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político en el ámbito nacional, regional o local; por la falta de capacidad técnica, operativa o logística y por decisión del Contralor General de la República que consulte criterios técnicos de pertinencia, eficiencia, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad.
