COMUNICADO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y ÉTNICAS DEL CHOCÓ. CLAMOR POR LA VIDA Y LA PAZ.
En el marco de la Semana por la Paz, las Diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina-Tadó, el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, la Mesa Indígena del Chocó, La Mesa Departamental de Mujeres Chocoanas, la Mesa Territorial de Garantías del Chocó y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó expidieron un comunicado donde denuncian «la negación sistemática de derechos y la violación del Derecho Internacional Humanitario».
Denuncian que en las comunidades está frenado el desarrollo por «la deficiente presencia del Estado, el incremento de las agresiones de los actores armados y la corrupción».
El texto completo es el siguiente:
La Iglesia Católica y las organizaciones sociales y etnicoterritoriales del departamento del Chocó, después de un análisis constante y concertado de nuestra realidad territorial, expresamos una vez más, ante la opinión pública, el Estado colombiano y la Comunidad Internacional, nuestra posición frente al difícil momento que vivimos a causa de la negación sistemática de derechos y de la violación del Derecho Internacional Humanitario.
Lo hacemos en el contexto de la Semana por la Paz que se celebra en el país del 6 al 13 de septiembre de 2020, y que nos motiva a seguir caminando hacia el reencuentro con la paz integral que es un anhelo profundo de nuestras comunidades.
A una sola voz, expresamos nuestros reiterados compromisos y exigencias:
Continuaremos visibilizando y denunciando las perversas afectaciones que causan sobre nuestro pueblo y el territorio la deficiente presencia del Estado, el incremento de las agresiones de los actores armados y la corrupción que frena el desarrollo de las comunidades.
Nos solidarizamos con los hermanos y hermanas de nuestros territorios y de otras regiones de Colombia, azotadas por el asesinato e intimidación de los líderes, lideresas y comunidades, el reclutamiento de menores de edad, la instalación de minas antipersonales, la instrumentalización de jóvenes y mujeres, el confinamiento, el secuestro, la extorsión, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, la pérdida de la autonomía comunitaria y la disputa territorial ejercida por actores armados con diferentes intereses económicos y políticos.
Rechazamos las perspectivas de fumigación con Glifosato y las acciones de connivencia entre algunos miembros de la Fuerza Pública con actores ilegales en algunos lugares del territorio.
Seguiremos en la tarea de acompañar a las comunidades para hacerles sentir la cercanía de la Sociedad Civil. A pesar de las múltiples agresiones de los actores violentos y del silencio y exclusión del Estado, les haremos saber que no están solos y que tienen quien los escuche y defienda.
Junto a la Defensoría del Pueblo, la Oficina para los derechos Humanos de la ONU, y otros actores solidarios, a partir del mes de septiembre reanudaremos las continuas misiones humanitarias de monitoreo, acompañamiento y verificación al interior de los territorios para oír, documentar y visibilizar las diferentes situaciones que obstaculizan el goce efectivo de derechos de las comunidades expresado en el clamor de sus líderes y autoridades étnicas.
Fortaleceremos, con base en los aportes de las comunidades, la agenda de incidencia social y política ante los entes territoriales, órganos de control y espacios internacionales de derechos humanos.
Apoyaremos el Pacto por la Vida y la Paz que se suscribirá a partir del 10 de septiembre del 2020, desde la Costa Pacífica y el Suroccidente de Colombia como una herramienta que recoge nuestro pensamiento y nuestras acciones transformadoras.
