- “El ELN quiere convertir a Chocó en su fortín y ubicar los cuarteles de esa organización terrorista en ese departamento”.
- “Las cifras no mienten, no son percepciones, no son especulaciones, es la realidad de lo que está viviendo el departamento”.
- “Este país no puede darse el lujo de seguir matando a su liderazgo y exterminando a sus líderes sociales”.
- “Urgen estrategias que permitan la atención integral con enfoque rural y étnico, porque es clarísima la afectación sobre las comunidades indígenas, afros y raizales”.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, urgió por acciones concretas e inmediatas por parte del Estado para frenar la tragedia social y humanitaria que vive el departamento de Chocó, ante el recrudecimiento de la guerra por la disputa entre grupos armados ilegales y los escenarios de pobreza, desigualdad y desempleo que ha dejado la pandemia.
Chocó vive una tragedia social y humanitaria y no podemos ser inferiores a esta responsabilidad. Se requieren acciones inmediatas para un departamento que no puede seguir siendo ignorado por una realidad agudizada por los efectos de la pandemia
En su intervención en la décima Mesa por la Vida que realiza el Ministerio Público con apoyo de USAID, Carrillo Flórez afirmó que el departamento de Chocó parece el fortín del ELN y es como si los cuarteles generales de esa guerrilla estuvieran en ese departamento, y condenó que buena parte de las masacres recientes en el país se han dado en esta región.
Uno podría decir que el verdadero fortín del ELN es Chocó. Es como si los cuarteles generales de esa guerrilla y de esa organización terrorista estuvieran en este departamento:
Enfatizó en la importancia de desplazar toda la institucionalidad a ese territorio y de definir acciones concretas de cara a la magnitud de la problemática que presenta el departamento, azotado por la presencia de los grupos ilegales y por las violaciones de los derechos humanos.
“Este país no puede darse el lujo de seguir matando a su liderazgo y exterminando a sus líderes sociales. Las amenazas radican de esos grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico”, agregó.
Sostuvo que las “las cifras no mienten, no son percepciones, no son especulaciones, es la realidad de lo que está viviendo el departamento”, y cuestionó que en la última semana se presentaron seis muertes violentas en la ciudad de Quibdó por la guerra de bandas criminales.
Reveló que de acuerdo con la Personería cerca de 14 mil personas han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento por enfrentamientos de grupos armados organizados, y que la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el desplazamiento masivo de 450 personas, de 7 comunidades indígenas Embera en el Alto Baudó.
Agregó que “en Chocó desde 1990 hasta agosto de 2020 se han presentado 166 víctimas de minas y artefactos explosivos, de las cuales 24 han sido menores de edad”.
Frente a los cultivos ilícitos en la región, explicó que se firmaron cinco acuerdos con el Gobierno a los que se sumaron 7.500 familias, pero hasta la fecha no se han individualizado los convenios, lo que “ha causado gran frustración y desconfianza entre quienes se acogieron al programa”.
Para el jefe del órgano de control “urgen estrategias que permitan la atención integral con enfoque rural y étnico, porque es clarísima la afectación sobre las comunidades indígenas, afros y raizales”.
En su intervención el Procurador General expuso cuatro acciones que desde el Ministerio Público se consideran fundamentales:
1. La institucionalización de una oficina de la UNP (Unidad Nacional de Protección en el territorio).
2. La creación de una mesa de seguimiento entre el Ministerio Público en Chocó y la UNP.
3. El acompañamiento indispensable con la asistencia técnica del Ministerio del Interior a la construcción de un plan territorial de prevención
4. El fortalecimiento de la Procuraduría con miras a la activación de la función disciplinaria en materia de protección de líderes sociales.
Al cierre de su intervención Carrillo Flórez reveló la apertura de las primeras acciones disciplinarias contra funcionarios nacionales, departamentales y municipales por la desatención de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como ocurrió en Samaniego, Nariño, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes.
