La Corte Constitucional, en sentencia de tutela T-276/22 del pasado 2 de agosto, encontró que “las inconsistencias en los resultados del censo 2018 dieron lugar a un daño irreversible en la visibilización estadística de las comunidades afro colombianas”.
En el año 2018 el censo poblacional realizado por el Dane registró solo 2.982.224 personas que se reconocen como afrodescendientes, una reducción en un 30% en relación con el censo del 2005, cuando se contabilizaron 4.311.757 afros.
La Corte declaró un daño consumado por la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes y de la población Afro colombiana a la igualdad, al reconocimiento de la diversidad étnico-racial, a la información de calidad y a la materialización progresiva de los derechos sociales, económicos y culturales.
La Corte dice que hay un daño consumado porque el censo ya se hizo y no se puede repetir, pero decidió el caso de fondo y ordenó al DANE que tomara medidas para evaluar las razones que llevaron a la subrepresentación Afro en los resultados del censo; también ordenó que evaluara la viabilidad de efectuar un piloto para usar criterios complementarios de heterorreconocimiento en la próxima encuesta de calidad de vida y los discutiera con el espacio nacional de consulta previa, y, además, que hiciera un plan integral de preparación para el censo, con miras a evitar que esta situación se presente de nuevo en el futuro.
La sentencia de la Corte Constitucional se dio como resultado de la acción de tutela presentada por Dayana Blanco Acendra, Daniel Gómez Mazo, Ana Margarita González y Eliana Alcalá de Ávila, directora e investigadoras de Ilex-Acción Jurídica; Ana María Valencia, presidenta de la Asociación Colombiana de Economistas Negras “Mano Cambiada”; José Santos Caicedo, representante de la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros-PCN; Rossana Mejía Caicedo, Consejera Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC); Marino Córdoba Berrio, representante legal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES); y Emigdio Cuesta Pino, secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA).
La Procuraduría General de la Nación jugó un papel importante en la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades negras del país.
Este es el texto de la sentencia T-276/22:
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-276-22.htm
