El gobierno nacional anunció que en las próximas cuatro semanas se firmará un nuevo contrato de concesión minero por treinta años con la multinacional canadiense Atico Mining, relacionado con la mina El Roble en Carmen de Atrato, y siete organizaciones presentaron varias peticiones para que sean incluidas allí.
Las siete organizaciones son: Plataforma del campesinado, Mesa Social y ambiental de Carmen de Atrato, Sintramienergética, Guardianes del Atrato, Centro Sociojurídico Siembra, Klima Bundnis y Parroquia Carmen de Atrato.
La nota de las organizaciones incluye componente: laboral, contraprestaciones económicas e inversión, ambiental y técnico minero.
En lo laboral se afirma que los trabajadores de la Mina El Roble devengan salarios por debajo de lo pagado en el sector minero y se pide que la empresa minera debe contratar mano de obra regional y acabar la tercerización.
En relación a contraprestaciones económicas e inversión las organizaciones piden seguimiento y control al pago de contraprestaciones que debe pagar la empresa minera, participación sobre la inversión de las contraprestaciones, rendición de cuentas y control social, asistencia técnica relacionada con regalías:
En lo ambiental y social se exige la licencia ambiental, evaluación y seguimiento ambiental, incluyendo los pasivos ambientales, reforestación: de 115 ha que ha debido reforestar entre 2001 y 2023, la empresa solo ha acreditado 12, evitar contaminación de aguas, mantenimiento de vías, la presas de cola 4 fue construida sin estudios geotécnicos adecuados ni análisis de estabilidad necesario, representando una amenaza para el municipio ante riesgos de sismicidad, irregularidades en botaderos de estériles.
“En ese sentido se solicita que previo al otorgamiento del nuevo título minero se dé plena claridad de la manera en la que Miner S.A va a ponerse al día con sus obligaciones ambientales incumplidas, estableciendo claramente acciones y plazos perentorios de ejecución”, se dice en el documento..
“Se solicita que se informe qué determinantes ambientales de ordenamiento territorial se tienen en cuenta para la renovación del título y la continuidad de la operación, y cómo será compatible la continuidad de la operación con el manejo de las áreas protegidas de la zona”.
“Hasta el momento, Minera El Roble no ha implementado ninguna medida de compensación de los fuertes impactos socio-económicos y culturales que ha causado en el municipio, particularmente en lo referente al cambio de la vocación productiva de la otrora “Despensa Agrícola del Chocó”.
En el aspecto técnico minero las organizaciones denuncian que “hay dudas sobre los volúmenes realmente extraídos del mineral pues las arenas polimetálicas extraídas abandonan el municipio en tractomulas que van selladas hasta llegar al destino final en China, donde son beneficiados los minerales, pero sin que haya claridades sobre los procesos de fiscalización que se están surtiendo para verificar realmente las cantidades explotadas”.
“Se solicita que se informe sobre los minerales que serían concesionados bajo el nuevo contrato, las proporciones de concentración de estos y la estimación del tiempo que tardará su explotación con base en los análisis exploratorios de la compañía, así como la nueva área a concesionar”.
Agregan que debe existir un análisis conjunto con otros títulos mineros y nuevas solicitudes de Miner, socializar el Plan de Trabajos y Obras y garantizar el acceso a la información relacionada con el nuevo contrato de concesión de forma previa, incluir mecanismos para hacer una convocatoria amplia e informada (con el tiempo de convocatoria suficiente y la publicidad en todas las veredas del municipio), contemplar una revisión de los comentarios e inquietudes de la audiencia y la inclusión de espacios deliberativos, de concertación y decisorios.
