El 26 de julio la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana sobre la crisis en Bajo Baudó, en los resguardos indígenas del río Purricha, y Pavasa, en Belén de Docampadó, Playa Sivirú, San Andrés de Usaragá, Terrón, Birrinchao, Agua Clara, Villanueva y Pizarro (cabecera), por la intensificación de la disputa territorial entre el ELN y las AGC.
En la alerta se advirtió sobre homicidios selectivos de dos líderes sociales el riesgo de confinamiento y desplazamiento forzado masivo.
“Es lamentable que a pesar de la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, se consumaron las situaciones de riesgo y de vulneración de los derechos humanos en Bajo Baudó, especialmente en las comunidades de Playa Linda y Puerto Galve que están en este momento confinadas por las acciones de los grupos armados ilegales”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De manera particular, la Defensoría del Pueblo rechaza el atentado contra el líder indígena Guillermo Itucama Ortiz quien resultó herido mientras se dirigía a Playa Linda.
“Solicitamos medidas urgentes por parte de las autoridades para atender a las 4.679 personas, pertenecientes a 984 familias, de 14 comunidades indígenas, quienes están confinadas por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, aseguró Carlos Camargo.
“Nuestros equipos en el territorio han evidenciado que existe un alto riesgo de desplazamiento masivo, sobre todo en las comunidades de Playa Linda y Puerto Galve, que están cercadas por los grupos armados, lo que se suma a otros hechos de violencia reportados en la zona. En este momento preparamos el informe sobre la consumación del riesgo que ya había sido advertido”, dijo el Defensor del Pueblo.
