El Chocó atraviesa una grave y compleja crisis humanitaria producto de múltiples y simultáneas emergencias. La violencia armada, los desplazamientos y confinamientos, los daños ambientales y los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto afectan especialmente a Pueblos Étnicos y comunidades rurales del departamento.
Desde el 10 de agosto La Defensoría del Pueblo advertió un deterioro de la situación de seguridad en la subregión del San Juan. En la comunidad de San Agustín, en Sipí, constatamos la presencia durante tres días de integrantes del Clan del Golfo —autodenominado EGC—, quienes restringieron la movilidad e impidieron las actividades tradicionales de producción de la población. También conoció información sobre el avance de este grupo desde Boca de Sipí hacia las inmediaciones de Puerto Murillo, en Medio San Juan.
Posteriormente, documentó enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el territorio étnico del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) y en zonas rurales de Nóvita y Sipí, incluido el uso de drones con explosivos. El 23 de agosto, los enfrentamientos y ataques con drones en Charco Hondo, Sipí, dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón. De manera preliminar, 652 familias, aproximadamente 3.000 personas, permanecen confinadas en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo, en Sipí, y Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita.
Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, la Defensoría verificó graves daños en viviendas y bienes colectivos causados por explosivos y ráfagas de fuego, así como severas afectaciones psicológicas en la población.
También acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales continuaron hacia otros lugares del país. Además, verificó las condiciones del albergue de ACADESAN en Istmina, afectado por el terremoto, y brindamos orientación a una persona que resultó herida para garantizar su atención médica.
A estos hechos se suma el desplazamiento forzado de comunidades indígenas ubicadas en los kilómetros 18 y 90 de la vía Quibdó–Medellín, ante el incremento de actividades de integrantes del Clan del Golfo y el ELN. También conoció información sobre una mayor presencia del Clan del Golfo en inmediaciones de la parte baja del río Tamaná, que afecta a Paimadó, Tamaná, San Gerónimo, Playa del Rosario, El Tigre y El Guamo, en Medio San Juan, generando zozobra y restricciones a la movilidad, con un reporte de 129 familias, equivalentes a 301 personas.
Advirtió, además, sobre el incremento de entables mineros y el ingreso de maquinaria pesada en sectores de Lloró y Bagadó, así como en el corredor entre la comunidad de Noanamá, en Medio San Juan, y el corregimiento de Cucurrupi, en El Litoral del San Juan. Esta situación afecta a 11 comunidades afro que comprenden 500 familias y aproximadamente 1.756 personas, y a siete comunidades indígenas, con 420 familias y 2.120 personas. La expansión de la minería ilegal genera graves daños a los ecosistemas y se ha convertido en un nuevo escenario de disputa territorial entre actores armados ilegales.
Los confinamientos también se mantienen activos en Alto Baudó y Bajo Baudó, mientras persiste un riesgo inminente de desplazamiento y confinamiento para comunidades étnicas de Juradó, Nuquí y Bojayá.
A este panorama se suman los efectos del terremoto ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar. A la fecha, no ha culminado un censo que permita dimensionar las afectaciones y atender oportunamente a todas las víctimas en las zonas rurales, muchas de las cuales permanecen incomunicadas y sin acceso a ayuda humanitaria básica.
Ante esta situación, dice la Defensoría del Pueblo:
- Recordamos al Clan del Golfo (autodenominado EGC) y al ELN su deber inderogable de respetar estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción y precaución, y a abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad, la movilidad de personas civiles o afecten bienes de la misma naturaleza.
- Solicitamos al Gobierno nacional, a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías municipales activar de manera inmediata las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de las personas y avanzar con celeridad en la caracterización y atención integral de las víctimas, incluida la provisión de alimentación, salud, protección y alojamiento temporal.
- Solicitamos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a las demás entidades competentes priorizar y culminar urgentemente el censo de las personas afectadas por el terremoto en las zonas rurales y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a las comunidades aisladas.
