Se agrava la situación de inseguridad en Juradó y hasta el momento no se ha presentado respuesta adecuada de la Armada y de la Policía Nacional en defensa de la población.
Esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida del joven Edaison, de 16 años, en la playa cercana de la cabecera de Bahía Solano. Edaison viajaba ayer en una lancha en la ruta Juradó-Ciudad Mutis y, cerca de su destino, varios hombres armados, al parecer de las AGC-Clan del Golfo, interceptaron su embarcación y se lo llevaron.
El asesinato de joven Edaison se suma al crimen cometido, al parecer por miembros del ELN, a las siete de la noche del 9 de diciembre en una vivienda de la cabecera municipal de Juradó, barrio Las Maderas.
En el atroz hecho dos personas resultaron muertas: Roberto Betancur y una mujer indígena de nombre Luz Dary.
También se informó de otro enfrentamiento entre estos dos grupos en la comunidad indígena El Cedral.
Y ahora se presenta el desplazamiento de 27 familias (137 personas) de la comunidad indígena Amba Patato hacia el casco urbano de Juradó, debido a amenazas y señalamientos.
Las comunidades de Eyazaque (La Loma) y Cedral se encuentran confinadas y padeciendo calamidades.
Los enfrentamientos entre el ELN y las AUC (Clan del Golfo) han creado un clima de terror, violencia y muerte en Juradó. La población se siente inerme y desprotegida del Estado en esta difícil coyuntura.
“Necesitamos que las autoridades de los distintos niveles implementen una estrategia integral de protección para los moradores no únicamente de Juradó, también de la subregión del Pacífico Norte, la cual incluye otros dos municipios, como lo son Nuquí y Bahía Solano. En los tres hay una exacerbación de la violencia armada”, señaló el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.
El Defensor del Pueblo también le solicitó a la fuerza pública mayor presencia en los territorios afectados: “Para que así sean contenidos todos los riesgos a los que están expuestos los habitantes de Juradó y sus áreas vecinas. Tener el control efectivo de la situación es salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades”.
