Esta semana se presentaron dos homicidios en Pie de Pató, cabecera municipal de Alto Baudó.
El 12 de octubre hombres armados sacaron de la población al tendero y agricultor Hailer Murillo Mosquera, de 33 años.
Y hoy, 16 de octubre, su cuerpo sin vida fue encontrado en el río Baudó, a unos 500 metros de Pie de Pató.
Y a las siete de la noche del 15 de octubre fue asesinado Erlin Forastero Undágama, de 30 años, docente y ex gobernador de la comunidad indígena embera de Tierra Alta, río Pichindé, resguardo Jurubidá-Chorí, municipio de Alto Baudó.
Forastero Undágama hacía fila en una oficina de giros de Pie de Pató, cabecera municipal de Alto Baudó, para cobrar la cuota del programa “Familias en acción”, cuando tres hombres armados le retiraron del lugar y lo asesinaron de tres balazos en la cabeza a dos cuadras de ese lugar.
La Mesa Indígena del Chocó denunció que “lamentamos profundamente como el silencio y el dolor se apodera de nuestros territorios y nos toca sepultar a los nuestros sin tener alguna respuesta contundente del Estado colombiano”.
Y agrega: “Exigimos a los grupos armados, excluir a la población indígena de la confrontación. Exigimos a los grupos armados a no seguir vinculando en sus filas a la población indígena. Exigimos que cese la violencia en los territorios indígena. Exigimos al gobierno colombiano implementar estrategias contundentes y reales para la protección de la vida en los resguardos y comunidades indígenas del Chocó”.
Además, fueron asesinados Félix Gabriel Córdoba el 26 de septiembre de 2020, y Marco Antonio Mosquera el 27 de septiembre de 2020.
Por el enfrentamiento entre miembros del ELN de los “Gaitanistas” o Clan del Golfo en Alto Baudó existen en este momento cuatro comunidades desplazadas totalmente, 11 comunidades con desplazamiento parcial y 20 comunidades en confinamiento.
Extensas áreas de cultivos y caminos están minadas con explosivos, las amenazas y el terror son generalizados y ocurren combates entre estos grupos en medio de las comunidades.
En este periodo de pandemia se ha agudizado dicha violencia armada presentando un saldo a la fecha de 181 familias, 603 indígenas desplazados y 730 familias, 3.402 personas en confinamiento.
Dice la Defensoría del Pueblo que “no obstante que está en vigencia la alerta temprana 041 de septiembre de 2019 y diez informes de consumación del riesgo remitidos al Ministerio del Interior la crisis humanitaria persiste y tiende a agravarse”.
