La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca considerar la realización de una audiencia pública con la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que el Gobierno Nacional presente su estrategia y plan de acción para el cumplimiento efectivo de la sentencia que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, para su protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.
Para el Ministerio Público es trascendental la intervención judicial en este momento en que hay una nueva administración en el gobierno y nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, la Procuraduría considera oportuna la convocatoria, de cara a la elección de nuevos gobiernos locales, que deberán ajustar sus planes de desarrollo con una estrategia unificada y no como esfuerzos desarticulados.
El requerimiento del ente de control se deriva también del acompañamiento que realiza como coordinador de seguimiento a la orden judicial, rol que dieron como resultado la emisión de dos autos de verificación (No. 12 del 14 de diciembre de 2022 y del auto del 22 de marzo de 2023), en los cuales detalló la relevancia de reunir a los actores de la sentencia, para revisar y diagnosticar las razones del lento avance en la implementación de los mandatos y replantear las estrategias.
Finalmente, la Procuraduría para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró que el compromiso de convocar a una audiencia fue mencionado en el pasado foro de la Comisión intersectorial para el Chocó (CICH) y en la Comisión de Guardianes del río Atrato, celebradas los pasados 18 y 19 de julio de 2023; por lo que solicitó que sea la judicatura la que blinde de legitimidad y coercitividad al proceso.
