Moreno Mosquera
Por: Eduardo Xavier Moreno Mosquera
La soberanía no es una consigna ideológica ni un recurso retórico: es un principio esencial del derecho internacional y la base sobre la cual se sostiene la convivencia entre los Estados. Sin embargo, en el caso de Venezuela, este principio ha sido vulnerado de manera reiterada por las acciones de Estados Unidos, configurando un escenario preocupante no solo para ese país, sino para toda América Latina.
Durante años, Washington ha aplicado una política de presión sostenida sobre Venezuela que va desde sanciones económicas unilaterales hasta amenazas abiertas de intervención. Estas medidas, justificadas bajo el discurso de la defensa de la democracia y los derechos humanos, han tenido como efecto real el debilitamiento de la autodeterminación del pueblo venezolano y el agravamiento de una crisis social ya compleja.
Las sanciones económicas, por ejemplo, han sido impuestas sin el aval de organismos multilaterales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto constituye una violación directa a la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza militar, política o económica contra la soberanía de un Estado. Más allá de los gobiernos de turno, estas decisiones afectan principalmente a la población civil, limitando el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos.
A ello se suma la constante injerencia política en los asuntos internos de Venezuela: el reconocimiento selectivo de gobiernos paralelos, el apoyo abierto a sectores opositores y el condicionamiento de la economía venezolana a intereses externos. Estas prácticas no solo desconocen el principio de no intervención, sino que establecen un precedente peligroso: el de las grandes potencias arrogándose el derecho de decidir quién gobierna y cómo debe gobernarse un país soberano.
Quienes defienden estas acciones suelen argumentar que responden a la necesidad de frenar violaciones de derechos humanos o combatir la corrupción. Sin embargo, el derecho internacional es claro: ningún Estado puede convertirse en juez y policía del mundo. La justicia internacional debe canalizarse a través de mecanismos legales, multilaterales y respetuosos de la soberanía, no mediante imposiciones unilaterales.
El caso venezolano revela una doble moral persistente en la política internacional. Mientras se exige respeto a la democracia y al derecho en ciertos países, se ignoran esos mismos principios cuando los intereses geopolíticos o económicos así lo dictan. Esta selectividad debilita el orden internacional y erosiona la confianza entre las naciones.
Defender la soberanía de Venezuela no implica respaldar a un gobierno específico; implica defender un principio universal. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país de la región. Permitir que la fuerza se imponga sobre la ley es abrir la puerta a un mundo donde la estabilidad internacional depende del poder y no de las normas.
La paz, la democracia y los derechos humanos no se construyen desde la imposición, sino desde el respeto mutuo, el diálogo y el cumplimiento del derecho internacional. Ignorar esta realidad es condenar a la región a repetir los errores del pasado.
