Desde el 17 de septiembre, hace seis días, la vía Quibdó-Pereira se encuentra bloqueada en Santa Cecilia, corregimiento del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. La comunidad local denuncia que decenas de viviendas del lugar han sido dañadas de manera parcial y total por las obras que adelanta Invías y las empresas contratistas, y pese a que se han realizado reuniones con el gobierno nacional, hasta el momento la situación sigue igual.
Víctor Moreno, líder del consejo comunitario en Pueblo Rico, dijo que en el mes de julio se realizó una reunión y a la fecha ni siquiera el acta han entregado, por ende, los compromisos establecidos no se han cumplido. Agregó que hasta el momento nadie del Gobierno Nacional se ha presentado y, hasta que eso no pase, no van a desbloquear la vía.
A este cierre ya se unieron cientos de indígenas de Bagadó, Alto Andágueda, en el Chocó, que señalan tener inconvenientes con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por ello también necesitan la presencia de esta entidad.
Este bloqueo ha causado millonarias pérdidas al sector transportador y a los sectores del comercio que esperan la mercancía que está represada en el bloqueo, pues solo dieron paso el viernes en horas de la noche durante varios minutos a los vehículos que se encontraban en la zona y el domingo abrieron por tres horas la carretera.
Según Juan Diego Ortiz, representante de la Confederación Colombiana de Transportadores, son alrededor de dos mil millones de pesos por día que pierde el sector transportador con este bloqueo; hace un llamado al Gobierno Nacional a que haga presencia en la zona y a sus compañeros transportadores a que mantengan la calma.
Durante varias horas del fin de semana, hubo molestias de los transportadores con los manifestantes, tanto así que las autoridades tuvieron que mediar para evitar confrontaciones.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior, al Instituto Nacional de Vías, a las gobernaciones de Chocó y de Risaralda, así como a los indígenas y al consejo comunitario de Santa Cecilia, agotar las estrategias de diálogo y concertación a su alcance, con el fin de retornar a la normalidad en el tránsito de la vía.
La entidad indicó que la situación se agrava porque la vía que conduce desde Medellín hasta Quibdó también está bloqueada por un derrumbe en el El 10, generando un represamiento total de camiones y otros medios de transportes terrestres, afectándose con esto derechos fundamentales y colectivos.
El ente de control requirió que se establezcan compromisos que garanticen la libre movilidad y, de manera simultánea, el derecho a una protesta pacífica, con el apoyo y asistencia de los representantes de los entes nacionales, para que cada uno desde su rol contribuya en las soluciones que se logren concertar.
El Ministerio Público destacó la importancia de la reapertura de la vía, toda vez que la población de estas comunidades se ha visto afectada por el represamiento de los vehículos y la falta de libre movilidad, por lo que hizo un llamado a la revisión y cumplimiento de los compromisos alcanzados en reuniones previas y se evite que los daños y perjuicios se incrementen.
