Mena Rodríguez
Por: Lic. Francisco Aurelio Mena Rodríguez, [email protected]
A pesar de haber transcurrido cinco años, sigue sin dársele cumplimiento integral a la sentencia T – 622/16, -segunda en su género en el mundo-, que reconoce al río Atrato como sujeto de Derechos, por parte de las entidades del Estado y, en particular, por quienes lo asumimos como Patria Chica. ¿Qué tal si la sociedad atrateña se convierte en doliente real del Río?
¿Continuaremos esperando para interponer recursos exigiendo el cumplimiento íntegro de la sentencia T – 622/16 de la Corte Constitucional, a las autoridades nacionales, regionales y locales, que la han olvidado por completo?
El hecho de que a la fecha no se observen acciones en pro del cumplimiento de la sentencia en mención, muestra el poco interés del Estado por la vida de los pobladores de esa región y por la biodiversidad que la naturaleza le ha prodigado, lo que se contradice con el interés de sus poderosos, violentos, ilegales y desaprensivos depredadores. En sus corrientes se han consumido, desde tiempos de la aberrante esclavitud, cuerpos vivaces pletóricos de vida de seres inocentes, en beneficio de pingües ganancias de ambiciones desbordadas de espíritus.
Convocamos a los Concejos Comunitarios, dueños legales de la mayor parte del territorio del Atrato Medio, a lado y lado del río (Dto No. 1745 de 1995), de los departamentos de Antioquia y Chocó, para que se comprometan a recuperar la majestuosidad perdida, sembrando, en sus riberas, las especies nativas extintas por la depredación, tales como: Cativo, cachajo, gûina, guayabillo, cedro, abarco, cadirita, pantano, peinemono, guarumo o yarumo, guamo, trùntago, guácimos, etc. Digamos no, a la minería mecanizada y a las economías ilegales, a las que, el Estado, parece proteger; además de blindar y bloquear de la administración chocoana y de los naturales, más que reprimirlas.
Claro que, sin vías terrestres a lo largo y ancho del río Atrato y sus afluentes, donde no se alcanzan a tener construidos 200 kms. de carreteras, no hay mucho para decir. ¿Podrá, lograrse supervisión a la gestión pública y mayor control a la minería y cultivos ilegales sin vías de penetración…? Tanto es el descuido que, el rico departamento de Antioquia tiene los municipios, del medio Atrato, como los únicos, entre 125, sin un metro de carretera.
¿Dónde están el ministerio del medio ambiente, las gobernaciones, alcaldías y las organizaciones étnico territoriales…? ¿Quiénes conforman la Comisión de Guardianes del Río…? ¿El gobierno nacional ha apropiado recursos para que las funciones asignadas a los entes responsabilizados por la Corte en la sentencia, se cumplan a entera cabalidad…?
Se emplaza a la Comisión de Guardianes del Río, creada por Dto No.1148 de 2017, para que informe de sus gestiones en el término de, no más, de 30 días calendario a partir de la fecha.
¡¡¡La sentencia T – 622 del año 2016, es vida para las comunidades del Atrato!!!
Medellín, enero 2021.
