La Procuraduría General de la Nación desplegó una comisión especial en Quibdó para hacer seguimiento a los acuerdos que se deriven de las mesas de trabajo creadas en cumplimiento de la Sentencia T – 080 de 2018 de la Corte Constitucional, que tuteló los derechos fundamentales a la vida, la salud y la vida en condiciones dignas y a la especial protección que merecen las niñas y niños indígenas del Chocó.
La Procuraduría Auxiliar Constitucional, durante su intervención en el segundo día de trabajo en el que se profundizó en asuntos de salud, instó a las entidades del orden nacional y territorial para que se defina un plan de acción con términos precisos de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, y no se dilate más el cumplimiento de esa orden judicial.
También, hizo un llamado a las comunidades indígenas para que faciliten y contribuyan al cumplimiento de los compromisos asumidos en la mesa de trabajo.
El Ministerio Público recordó que la labor de seguimiento al plan de acción será realizada por las delegadas de: Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social; Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer; Asuntos Étnicos; para la Gestión y la Gobernanza Territorial, y la Regional de Instrucción de Chocó, así como se hará especial vigilancia para que haya apego estricto al cumplimiento de los plazos acordados.
La sentencia tiene alcance sobre las comunidades indígenas Emberá (Katío, Chamí y Dobidá), Wounaan y Tule, en el Chocó, y los municipios de Lloró, Bajo Baudó, Alto Baudó y su cabecera municipal Pie de Pató, Riosucio, Bagadó, Pizarro y Bojayá, en el mismo departamento.
