La Contraloría General de la República, a través del Contralor Delegado Intersectorial No. 8 del Grupo Interno de Trabajo para la Responsabilidad Fiscal de los Recursos del Sistema General de Regalías, profirió un fallo de sanción fiscal por la suma de 2.253 millones de pesos, en forma solidaria, contra tres exgobernadores del Chocó y otros cuatro funcionarios al encontrar graves irregularidades en la ejecución del contrato de construcción de la sede de Istmina de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH.
Los sancionados son:
1. Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, en su condición de gobernador del Chocó para la época de los hechos.
2. Efrén Palacios Serna, en su condición de gobernador del Chocó desde el 14 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015.
3. Francisco Abraham Palacios Mena, en condición de exgobernador del Chocó en encargo y quien firmó el contrato de obra 010 de 2013 sobre la construcción de la sede de Istmina de la UTCH.
4. Luis Alberto Quintero Barco, en su condición de Secretario de Infraestructura y Movilidad de la Gobernador del Chocó desde el 07 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015.
5. Dajahira Castillo Hurtado, en su condición de Secretaria de Infraestructura y Movilidad de la Gobernador del Chocó para la fecha de los hechos.
6. Gilberto José Acuña Reyes, en su condición de contratista para la época de los hechos y
7. José Alberto Lemos Lozano, en su condición de director de interventoría de la UTCH para la época de los hechos.
El fallo de la Contraloría está contenido en el Auto 1479 del 29 de junio de 2022 “por medio del cual se falla con responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario PRF 2018-00789, Departamento del Chocó”.
Esta investigación fue iniciada el 7 de septiembre de 2018 por la Gerencia Departamental Colegiada del Chocó, y el 1 de abril de 2019 el Contralor General de la República declaró de Impacto Nacional los hechos y ordenó el traslado del proceso a Bogotá.
Entre las múltiples irregularidades encontradas aparecen inconsistencias con las medidas en terreno, una mayor cantidad de obras pagadas a las realmente ejecutadas en algunos ítems, actas de pago que no se ajustan a la realidad, pues algunos ítems fueron ejecutados parcialmente o no estaban ejecutados, configurando un grave daño al patrimonio público.
El Auto de la Contraloría también ordena compulsar copias a la Procuraduría y otras instituciones para lo de su competencia. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.
Sobre este caso también se adelanta una investigación penal.
