El 13 de agosto de 2025, con bombos y platillos, el Presidente Petro visitó el municipio de Bahía Solano y colocó la «primera piedra» de inicio de obra del proyecto de pavimentación y y ampliación de la pista de aterrizaje (de 1.200 m x 18 m a 1.200 m x 23 m) del aeropuerto ‘José Celestino Mutis’.
El Contrato Interadministrativo 223007, firmado el 21 de diciembre de 2023 por la Aerocivil y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio), por 363.763 millones de pesos, forma parte del programa Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes), ytiene como objetivo mejorar cuatro aeropuertos: Bahía Solano, en el Chocó; Magüí Payán, en Nariño; y Cumaribo y La Primavera, en Vichada.
Para el aeropuerto de Bahía Solano la inversión específica es de 78.451 millones de pesos, incluye intervención en calles de rodaje y plataforma, mejora del sistema de iluminación aeroportuaria y franjas de seguridad, drenajes, cerramientos y obras complementarias.
El plazo previsto de entrega era mayo de 2025, no se cumplió, y a la fecha, junio de 2026, apenas se ha ejecutado el 5,5%. Eso quiere decir que dos años y seis meses después de firmado el contrato entre Aerocivil y Enterritorio apenas se ha avanzado un 5,5% y las obras están prácticamente paralizadas.
Enterritorio, ex-Fonade, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, y tiene el rol de gerencia integral del proyecto: suministro de materiales, logística, proveeduría, interventoría y contratación. Sin embargo, esta entidad ha sido cuestionada por falta persistente de materiales, demoras en entregase errores de cálculo, sobrecostos, costos no pactados, problemas en plantas de asfalto, problemas logísticos, incumplimientos en contratación de personal civil y mecánico, falta de permisos ambientales.
En promedio, las obras de modernización de las cuatro terminales aéreas de Chocó, Nariño y Vichada, que debían estar listas hace más de un año, presentan un avance inferior al 20% pese a que ya se ha desembolsado más del 60% de los recursos
El proyecto incluye una cuota de gerencia de casi 23.800 millones para la estatal Enterritorio. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, o Aerocivil, ya ha desembolsado alrededor de 214.000 millones, equivalentes al 60% del presupuesto. No obstante, el avance físico reportado dista considerablemente de la ejecución financiera.
El frente de obra más adelantado es el de Cumaribo, con un progreso del 18,4%. Le siguen La Primavera, con 15,3%, y Bahía Solano, con apenas 5,5%. En Magüí Payán los trabajos ni siquiera han comenzado.
Las actas del comité técnico-operativo del proyecto muestran que los problemas comenzaron desde las primeras etapas. Los documentos registran retrasos reiterados en la contratación de proveedores, demoras en la entrega de materiales, dificultades para poner en funcionamiento equipos necesarios para las obras y problemas de coordinación entre las entidades participantes. En una reunión celebrada en noviembre de 2025, funcionarios de la Aerocivil expresaron su inconformidad porque, pese a haber transferido más de la mitad de los recursos disponibles, el avance físico de las obras apenas alcanzaba el 3%.
El Ejército también dejó constancia de sus reparos. Desde finales de 2025 remitió múltiples comunicaciones a la Aerocivil alertando sobre retrasos en la contratación de personal especializado, problemas en el suministro de materiales y dificultades para recibir oportunamente los insumos necesarios para continuar los trabajos.
A los retrasos se suman cuestionamientos sobre los costos asumidos. Documentos internos muestran que la Aerocivil rechazó solicitudes de incremento presupuestal que habrían elevado el valor total del proyecto en cerca de 57.000 millones de pesos, un 15% del total. Pero pagó un precio: el número de aeródromos por intervenir se redujo de seis a cuatro. Fueron excluidos el de Bajo Baudó, en Chocó, y el de Barrancominas, en Guainía.
Funcionarios de la autoridad aeronáutica también identificaron diferencias significativas entre los valores de mercado estimados de varios bienes y los precios planteados por los operadores. En el caso de Bahía Solano, esas discrepancias le llevaron a calcular posibles sobrecostos por 22.000 millones de pesos.
Otro de los puntos de controversia corresponde a la cuota de intermediación del 4,9% más IVA de lo facturado por ciertos bienes y servicios, que cobró Enterritorio a la Aerocivil para compensar a los contratistas privados por las dificultades logísticas del proyecto, que no se acordó en el contrato y ya supera los 4.200 millones de pesos.
La controversia pone nuevamente bajo escrutinio el uso de convenios interadministrativos, una figura ampliamente utilizada por entidades públicas sometidas a las reglas de contratación estatal para mover sus recursos a otras instituciones estatales, que pueden contratar de forma a la vez más libre y más opaca.
Los retrasos acumulados se han traducido en cuatro prórrogas del convenio. La última extensión amplió su vigencia hasta agosto, aunque ya las entidades involucradas reconocen que será difícil cumplir los nuevos plazos.
Mientras las responsabilidades se discuten entre organismos estatales y contratistas, las comunidades beneficiarias siguen esperando. En regiones donde las carreteras son escasas o inexistentes y el transporte aéreo constituye muchas veces el único vínculo permanente con el resto del país, las terminales prometidas continúan siendo más un proyecto que una realidad.
