En la mañana del 1 de noviembre un artefacto explosivo (una granada) fue colocado al lado de la sede de Rápido Ochoa, empresa de transporte terrestre que moviliza a pasajeros entre Quibdó y Medellín.
Los grupos especializados en el manejo de artefactos explosivos de la Policía acordonaron la zona. Los empleados de la empresa de transporte manifestaron que no han recibido amenazas y no vienen siendo víctimas de extorsión por parte de los grupos al margen de la ley.
Este tipo de acciones son utilizadas por bandas de delincuentes (como el Clan del Golfo, ELN y Los Mexicanos) para presionar el pago de extorsiones o ajustar cuentas con las personas que no cumplen sus pretensiones.
Con base en los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, entre el primero de enero y el 30 de septiembre, en el Chocó se reportaron treinta denuncias por hechos similares, sobre todo en Quibdó, Alto Baudó, Bahía Solano, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Bajo Baudó y El Litoral de San Juan.
Estos grupos delincuenciales han recurrido a los artefactos explosivos para generar zozobra en las comunidades: minas antipersona, granadas, carga dinamita y artefactos incendiarios.
Una investigación adelantada por la Policía Nacional puso en evidencia que los delincuentes estarían contratando a sicarios para cometer este tipo de delitos. Por ejemplo, entregan hasta $ 100.000 a cambio de abandonar un “paquete”.
Las extorsiones se presentan a todo tipo de personas, comerciantes, profesionales, mineros, empleados, vendedores ambulantes. Más de 150 persnas han sido asesinadas en Quibdó en 2022. Continúan los disparos a las fachadas de los inmuebles de las personas extorsionadas.
