Por Pau Vendrell.
Tomado de colombiainforma.info
Se cumple un año de la Caravana Humanitaria por la Vida que en agosto de 2019 reunió a cerca de 40 brigadistas internacionales y formó una columna de 400 personas comprometidas con uno de los territorios más empobrecidos de Colombia: el Chocó. Conflicto armado, narcotráfico y los intereses de las grandes multinacionales extractivas en una lucha sin final aparente por el insaciable control de las comunicaciones y los recursos naturales golpean cotidianamente este territorio.
La situación en el Chocó, un año después, continúa siendo alarmante. Pero la tarea de visibilización hecha sobre el terreno ha permitido una internacionalización de la noción del conflicto, a la que han contribuido activistas como Gabriel Marrugo Ávila, miembro de la comunidad indígena Embera Dóbida e integrante de aquella Caravana como representante de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos -Andescol.
Durante seis meses, Gabriel Marrugo Ávila ha promovido la defensa de los Derechos Humanos desde Europa gracias al Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que promueve el Ayuntamiento de Valencia.
Fuera de Colombia hoy conocemos que el Chocó es una de las fuentes más ricas de biodiversidad del planeta. Sus más de 9.000 diferentes especies vegetales, 200 especies de mamíferos, 300 de aves, el centenar largo de reptiles y otras tantas de anfibios habitan unos paisajes únicos y amenazados por inversiones multimillonarias de las que no verá nunca ni un céntimo la población local.
Uno de dichos proyectos es el controvertido canal proyectado en la Selva del Darién. Allí la población local constituye un problema para las grandes industrias que quieren emplazarse y para las que hace años que se han instalado. Por eso hay que desplazarla, expulsarla, aniquilarla.
Justo este 11 de agosto corrió la triste e indignante noticia de que en el municipio del Alto Baudó fue asesinado por paramilitares el líder social afrocolombiano Patrocinio Bonilla. Patrón, como le decían, se encontraba en la quebrada Emparaidá (comunidad Santa Rita) junto a más personas cortando madera. Llegó un grupo paramilitar y se llevó a 15 pobladores. Los fueron dejando ir uno a uno hasta quedarse solamente con Patrocinio. Momentos después se escucharon los disparos que le quitaron la vida, según las versiones de la propia comunidad. Bonilla fue fundador del movimiento afro-indígena Asokinchas e integrante de la Junta y del Ejecutivo Nacional del Coordinador Nacional Agrario -CNA.
Por eso el Gobierno colombiano, en connivencia con los intereses empresariales, ha decidido no garantizar ningún derecho social en la zona. Ni asistencia sanitaria, ni educativa, ni de vivienda, ni -por supuesto- medida alguna de seguridad. Que el 97% de la población local en edad de trabajar esté formalmente desempleada es buena prueba de ello.
Se ha impedido a las comunidades locales que exploten cauces de comunicación entre ellas. Se ha tolerado -cuando no impulsado- que los grupos paramilitares se instalen sin ninguna limitación. Ellos, junto con los grandes señores del narcotráfico son los que controlan la zona. En definitiva, los que están “limpiándola” de población local (compuesta en su mayoría por comunidades afro e indígenas). La simbiosis entre todos estos siniestros actores es total.
Mientras los paramilitares asumen el control formal sobre la población y el territorio, los grandes inversores internacionales extraen todo lo posible hasta agotar los recursos naturales y crean las infraestructuras que les son necesarias para ello. El narcotráfico tiene vía libre para transitar su producción hacia Centroamérica, en una zona selvática y fronteriza con Panamá y con salida a los océanos Pacífico y Atlántico. Resulta perfecto para sus actividades delictivas y de destrucción del territorio. Por supuesto que la vida de las comunidades negras e indígenas no se puede interponer en sus planes de dominación y enriquecimiento ilícito.
Esta estrategia la empezó allá por 1997 el infame General del Ejército colombiano Rito Alejo del Río con la masacre provocada sobre la población civil bajo el nombre de Operación Génesis. Miles de desplazamientos forzosos, amenazas de muerte, bombas y metralla fueron sus tácticas. Hoy, más de 30 años después, la herencia de aquella operación continúa viva en el país.
Y mientras esto ocurre en el Chocó, ¿dónde está el Presidente Iván Duque? Parece que atareado buscando coartadas de honorabilidad para su mentor y presunto instigador del paramilitarismo en el país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el Chocó, ni está ni se le espera.
