La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo anunciaron este sábado el fortalecimiento de su articulación institucional para impulsar el cumplimiento de las decisiones judiciales en materia ambiental, con especial énfasis en la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración.
Según el reporte de la Procuraduría, difundido por Colprensa, ambas entidades consideran fundamental unir esfuerzos para enfrentar las principales problemáticas ambientales que afectan los territorios, “particularmente la deforestación y la contaminación de las fuentes hídricas ocasionadas por actividades de minería ilegal”.
Las dos instituciones destacaron que avanzarán en mesas periódicas de seguimiento y en el diseño de estrategias conjuntas. El objetivo es fortalecer la presencia institucional en los territorios, identificar situaciones críticas y promover acciones oportunas para la protección de los derechos ambientales y de las comunidades.
“Esta articulación reafirma el compromiso de ambas instituciones con la defensa del patrimonio natural, la protección de los recursos hídricos y el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales orientadas a garantizar los derechos de las comunidades y la protección de los ecosistemas”, señaló la Procuraduría en su reporte.
Contexto de la sentencia y la problemática
La Sentencia T-622 de 2016 fue un hito: la Corte Constitucional declaró al río Atrato (uno de los principales de la región del Chocó y de Colombia) como entidad sujeto de derechos. Ordenó al Estado y a las comunidades étnicas su protección, conservación y restauración, frente a los graves impactos de la minería ilegal (con uso de maquinaria pesada y mercurio), la deforestación, el conflicto armado y otras actividades ilícitas.
Existe un Comité de Acompañamiento, Seguimiento y Presentación de Informes (conformado por Procuraduría, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo) que verifica el cumplimiento de las órdenes. En diciembre de 2024, estas tres entidades emitieron una Circular Conjunta (N° 10) para coordinar mejor sus labores, elaborar informes semestrales al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y reforzar el seguimiento, incluyendo reportes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como guardián del río.
Sin embargo, informes posteriores del comité de seguimiento han alertado sobre el agravamiento de la crisis. Según datos presentados en 2025, las hectáreas degradadas por minería ilegal pasaron de aproximadamente 48.000 en 2016 a más de 108.800 en 2023, y los municipios afectados aumentaron. Persisten problemas de deforestación (por ejemplo, en subcuencas como la del río Quito), contaminación hídrica, falta de avances tangibles en la calidad del agua y en la restauración de ecosistemas, así como deficiencias en el manejo de residuos en varios municipios.
La nueva articulación entre Procuraduría y Defensoría busca precisamente superar la desarticulación y dar mayor impulso al cumplimiento efectivo de estas órdenes judiciales, reforzando la presencia en territorio y las acciones coordinadas contra la deforestación y la minería ilegal.
La información proviene del anuncio oficial de la Procuraduría, reportado este 14 de noviembre de 2026 por medios que citan a Colprensa.
