Las regiones más afectadas han sido el Bajo Atrato, el Darién, San Juan, el Medio Atrato, el Pacífico y Baudó, en las que más de 20 municipios sufrieron algún episodio violento en este 2022
Luego de que se conocieran los nuevos hechos violentos que se registraron en Quibdó, Chocó, en los que murieron dos personas y al menos cuatro resultaron heridas, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente para que se adopten las medidas de seguridad necesarias que permitan mitigar el riesgo de la población civil.
La Procuraduría rechazó enérgicamente los hechos de violencia que se han presentado en el municipio de Quibdó y las acciones criminales de los grupos armados organizados y delincuenciales que atentan contra la libertad, la vida y la integridad de la población.
Así mismo, pidió a todas las entidades del Estado que, de manera conjunta, se priorice la intervención institucional en el departamento, especialmente en zonas rurales, y se desarrolle una estrategia integral para mitigar los impactos de la violencia, se atienda oportunamente a la población y garantice su seguridad.
El órgano de control ratificó que vigilará la situación de crisis humanitaria del departamento, a la que se han sumado las amenazas contra autoridades étnico-territoriales, los riesgos de reclutamiento forzado y otras violaciones a los derechos humanos, temas que pidió incluir dentro de los que requieren atención inmediata.
Según la información recabada por el Ministerio Público, las regiones más afectadas han sido el Bajo Atrato, el Darién, San Juan, el Medio Atrato, el Pacífico y Baudó, en las que más de 20 municipios sufrieron algún episodio violento en lo que va corrido de 2022.
La Procuraduría insistió en la necesidad de adelantar acciones contundentes que salvaguarden la vida de los ciudadanos, y que las entidades nacionales, departamentales y municipales articulen medidas que garanticen la protección de los habitantes de todo el departamento.
La entidad solicitó a las autoridades civiles y de Fuerza Pública que participan en el consejo extraordinario de seguridad, que se emprendieran acciones urgentes para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos, retomar el control territorial y del orden público tanto en la cabecera urbana y barrios periféricos de Quibdó, y los municipios donde se vienen presentando graves situaciones de violencia.
Adicionalmente, adelantó reuniones con las Unidades de la Fuerza Pública (Fuerza de Tarea Conjunta Titán, Brigada XV y Armada Nacional), a quienes se les ha informado de las situaciones conocidas por el Ministerio Público para que actúen de manera inmediata en pro de garantizar la seguridad, libertad e integridad de las y los habitantes del departamento.
Durante este año el ente de control mantuvo comunicación constante con las alcaldías, las unidades de la Fuerza Pública y la Gobernación, a quienes de acuerdo con su rol se les indicó la prioridad que debe tener el desarrollo de planes de contingencia, de acción territorial y de vigilancia y protección de las comunidades de los municipios.
De igual manera, se han hecho gestiones para la entrega de ayuda y atención humanitaria inmediata a comunidades víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, solicitudes para la prevención de accidentes con minas antipersonal, pedagogía en riesgo de minas y jornadas de atención a personas víctimas de estos artefactos.
La Procuraduría enfatizó también en la importancia de atender a las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, lo que incluye la solicitud oportuna de recursos tanto a la Gobernación como a la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad a la que instó a liderar los procesos de restablecimiento de derechos y de retorno de personas afectadas por esta problemática.
