Con la formulación de un pliego de cargos continúa el proceso disciplinario en la Procuraduría en contra del gobernador del Chocó, Ariel Palacios, en la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato 0198 que firmó el 15 de abril de 2020 con la Fundación Chocó Saludable, por valor de un poco más de dos mil millones de pesos.
Esta Fundación está representada por Delly Carmen Mosquera García y el contrato tenía por objeto adelantar “una jornada de salud para el desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas bajo el enfoque técnico, de actividades para la prevención en las diferentes áreas que garanticen la protección de individuos, familia y comunidad frente la amenaza del coronavirus en las líneas de promoción y prevención de población NARS en las dimensiones ambiental, no transmisibles, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales salud, ámbito laboral población vulnerable, y transmisibles en los componentes de infecciosa desatendidas y la tuberculosis”
La Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Gloria Yanet Quintero Montoya, formuló cargos al gobernador Ariel Palacios Calderón considerando que “conculcó los principios de legalidad y responsabilidad de la función administrativa y la contratación estatal” porque la Fundación Chocó Saludable “al parecer no contaba para el 15 de abril de 2020, día en que se celebró el contrato 0198 de 2020, con la capacidad técnica y administrativa para ejecutar el referido negocio jurídico”.
Y agrega: “Ariel Palacios Calderón en su calidad de gobernador del Chocó, por tanto, funcionario competente para celebrar el contrato 0198 de 2020, tenía la obligación de asegurarse que la selección de la Fundación Chocó Saludable, hubiese sido objetiva, es decir; entre otras cosas, que tuviese la capacidad para desarrollar las actividades que permitían cumplir con el objeto contractual”.
Según la Procuraduría “la conducta reprochada se tipifica como falta disciplinaria gravísima (numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”.
En relación con el segundo elemento de la investigación, sobre ilicitud sustancial, la Procuraduría dispuso terminar la actuación a favor de Palacios Calderón “por cuanto se firmó acta de terminación del negocio jurídico de mutuo acuerdo y no se realizó la inversión de los recursos públicos”.
Por último la Procuradora Segunda Delegada remitirá copia de esta decisión y del expediente digital a la Procuraduría Regional del Chocó, “para que en el ámbito de sus competencias evalué iniciar actuación disciplinaria contra Carlos Tirso Murillo Hurtado, Miladys Mosquera Córdoba y Yaneth Samira Palacios Moreno, en sus condiciones de secretario de salud, profesional especializada de la dirección de salud pública y profesional universitaria de la secretaria de salud del departamento del Chocó, respectivamente, por la evaluación que realizaron sobre la Fundación Chocó Saludable”.
