El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, presentó el 21 de mayo un informe de las actuaciones de ese ente de control en los dos meses de emergencia sanitaria por el COVID-19.
Dijo que la Sala Disciplinaria confirmó la suspensión provisional al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, dentro del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades con la celebración de un contrato por más de $2.000 millones de pesos, para promoción de actividades relacionadas con el COVID-19.
También se refirió al alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia. Informó que en la alcaldía de Quibdó se adelantan dos investigaciones.
La primera por presuntas irregularidades en la firma de un contrato, el 24 de marzo, para la elaboración de una campaña de publicidad para la promoción y prevención del contagio del covid-19, por $118’300.000. Se busca establecer si el alcalde invirtió recursos destinados a prevenir el contagio en una campaña de publicidad, con lo que pudo desconocer los principios de la contratación estatal, atendiendo a que las necesidades contratadas no serían imperiosas ni podían ser consideradas como un aporte significativo en la contención o mitigación de la pandemia.
En un segundo proceso, se busca determinar presuntos sobrecostos en la compra de 4.050 kits de alimentos para las familias vulnerables del municipio, por $353’565.000.
