El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, urgió por el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en Chocó, y por la garantía y protección efectiva e integral de autoridades étnicas, líderes sociales y de quienes participen y defiendan la implementación del Acuerdo de Paz en el departamento.
A través de la Directiva No. 037 de 2020, el jefe del órgano de control instó al Gobierno nacional a activar las rutas y desplegar las acciones necesarias para la prevención y protección de la vida, integridad personal y ejercicio de derechos de todos los habitantes, en especial, de las autoridades étnicas, líderes y lideresas sociales, miembros de las juntas de acción comunal, consejos comunitarios, resguardos indígenas, organizaciones étnico-territoriales y personas defensoras de derechos humanos.
Así mismo, exhortó al Ministerio de Defensa Nacional para que las acciones de judicialización, investigación y acusación que realiza la fuerza pública en contra de los grupos armados y grupos delincuenciales organizados estén siempre acompañadas de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que pidió iniciar los procesos de extinción de domino de los bienes muebles e inmuebles destinados o utilizados para el desarrollo de actividades delincuenciales.
Reclamó de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal las medidas preventivas necesarias en favor los líderes sociales en riesgo inminente, y demandó de la UNP (Unidad Nacional de Protección) la adopción de medidas de protección urgentes y necesarias para esta población.
Hizo un llamado a los servidores públicos a cumplir con el deber de informar a la UNP y/o a las entidades competentes, las situaciones de riesgo o amenaza contra autoridades étnicas.
En la directiva, el PGN también exhortó a la URT (Unidad de Restitución de Tierras) a avanzar en los procesos de restitución de derechos territoriales de comunidades negras y pueblos indígenas y al cumplimiento de las órdenes dictadas en sentencias, e instó a la ANT (Agencia Nacional de Tierras) a adelantar una mesa de trabajo para revisar casos urgentes o atrasados de titulación, deslinde, adjudicación y restitución de derechos territoriales en Chocó.
El jefe del Ministerio Público exigió a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales adoptar planes, medidas y programas de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes exclusivos para el departamento de Chocó, teniendo en cuenta que, pese a las alertas de la Procuraduría, denunciadas ante las autoridades, persisten el uso, utilización y la violencia sexual contra los menores de edad por parte de grupos armados ilegales.
También llamó al Gobierno nacional para que convoque a la CNGS (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad), con el fin de que se evalúe la implementación de medidas urgentes sobre la situación de riesgo de autoridades que ejercen el liderazgo social en el departamento.
Finalmente, y teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura de la cárcel Anayanci de Quibdó, que por cuenta de la pandemia no dispone de cupos para nuevas personas privadas de la libertad, pidió al Ministerio de Justicia y del Derecho que en coordinación con las autoridades departamental y municipales, ejecute las acciones pertinentes para habilitar los cupos carcelarios necesarios para la población penitenciaria.
