La Unidad de Restitución de Tierras podrá presentar ocho demandas para recuperar 159 mil hectáreas de comunidades indígenas y afrocolombianas en beneficio de 9.840 personas que integran 2.389 familias.
Se trata de los territorios de las comunidades que integran el Consejo Comunitario de Unguía (Cocomaunguía), el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río de Acandí, Zona Costera Norte (Cocomanorte), el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Rio Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur), la Parcialidad Indígena Río León y los resguardos indígenas Coribí Bedadó, Caimán Nuevo, Jagual Río Chintadó y Urada Jiguamiandó.
Una vez las comunidades avalaron el trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras a través de la Dirección Territorial de Apartadó y el respaldo de la Dirección de Asuntos Étnicos del nivel central, se presentarán las demandas que buscan recuperar los territorios que perdieron por la incidencia de grupos ilegales, quienes a través de los años han querido tener el control territorial para adelantar acciones ilícitas vinculadas al narcotráfico.
El trabajo vinculó a los líderes de las comunidades quienes conocieron los resultados del proceso de caracterización y acordaron con los colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras las pretensiones de las demandas que serán presentadas ante los jueces.
Para la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, Sally Mahecha, este es un paso enorme que permitirá que sus voces sean escuchadas por los jueces designados a los casos.
“Con la asamblea de cierre de la comunidad Caimán Bajo del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, podemos decir que las ocho jornadas han sido muy exitosas pues se consolidaron los insumos con los cuales se construyeron las demandas que serán presentadas ante la justicia. Sin este trabajo sería imposible avanzar en la reparación integral de los derechos de estas comunidades”, afirmó.
Estas caracterizaciones de afectaciones que hacen parte de la etapa administrativa del proceso de restitución fueron realizadas con la participación y decisión autónoma de las ocho comunidades y se llevaron a cabo a favor de cada colectividad bajo las disposiciones establecidas por la Ley, con las que se pretende garantizar no solo la restitución de sus derechos como víctimas del conflicto armado, sino también su reparación integral, atención y asistencia.
