La Ministra de Educación, Aurora Vergara, por medio de la resolución 018072 de octubre 6 de 2023, ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial a la Universidad Tecnológica del Chocó debido a “debilidades, anormalidades e irregularidades en los componentes administrativo, contractual y financiero”.
Entre estas medidas se encuentran la designación de un “inspector in situ” para que vigile la gestión administrativa y financiera de la UTCH y la constitución de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que estos solo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la Institución.
El inspector in situ deberá, además, asistir cuando lo estime necesario a las reuniones de los órganos de dirección de la UTCH, en carácter de invitado, y denunciar ante las entidades competentes los hechos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, fiscal, tributaria o administrativa.
En relación a la fiducia, la UTCH no podrá recibir dinero de las matrículas, pagos por derechos académicos y demás recursos por fuera de la fiducia, y la administración y gasto de esos recursos sólo podrán destinarse a suplir necesidades académicas, administrativas y financieras, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución.
La fiducia deberá contar con un auditor de pagos (interno) que debe rendir informes periódicos de su actividad al Inspector In Situ y a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.
El Ministerio de Educación tomó estas medidas, principalmente, por encontrar decenas de irregularidades en el Proyecto Maderas Chocó, en bonificaciones a docentes, en pólizas de órdenes de servicio, imprecisiones en la política institucional, contratistas sin experiencia, falta de firmas en certificados, contratos con garantías extemporáneas, documentos desordenados y no foliados, pagos superiores a beneficiarios de créditos, pago a contratistas sin pruebas de ejecución, pagos de honorarios sin informes de ejecución, falta de soportes en contratos, inconsistencias en informes financieros, en conciliaciones bancarias, en cuentas por cobrar, en cartera de estampillas.
