De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, debido al paro armado indefinido que se estableció el 4 de julio en el Chocó, funcionarios vinculados a las registradurías municipales de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan, Río Iró y Litoral de San Juan no han podido acceder a los puestos de votación de área rural para iniciar el proceso de inscripción de cédulas que, de acuerdo con el calendario electoral, debía iniciar el 5 de julio.
Según información entregada por el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil a la MOE, estos hechos afectan 42 corregimientos de estos municipios. Y de hecho, estas limitaciones podrían extenderse a 62 puestos de votación de zona rural en esta región del país.
Frente a esto, la MOE recomendó prever las acciones necesarias para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la organización electoral y “definir los planes que permitan disponer de espacios seguros para el proselitismo electoral”.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, se refirió al incremento de la violencia contra los liderazgos políticos y la mayor presencia de grupos armados ilegales de cara a las elecciones del 29 de octubre.
“Con un poco menos de cuatro meses para las elecciones locales de 2023, las distintas instituciones del Estado deben darle atención prioritaria a las garantías para el ejercicio de la política, activando las acciones de prevención, mitigación y protección que garanticen un proceso democrático libre de violencia”, dijo.
Además, desde la organización hacen un llamado al Comisionado de Paz para que se incluyan, dentro de los temas de la agenda de negociación con el ELN, los derechos políticos de todos y todas las colombianas ante el proceso electoral que está en curso.
