Una misión de Naciones Unidas realizó una visita a las comunidades de San Miguel, Noanamá y Negría, ubicadas en el Medio San Juan, departamento de Chocó, recientemente afectadas por el paro armado del ELN.
La misión, integrada por Derechos Humanos de la ONU, la Coordinación de Asuntos Humanitarios y Heartland Alliance International, denunció que los combates entre grupos armados ilegales en la región provocaron abusos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, como desplazamientos, confinamientos y ataques a civiles y sus bienes.
“Estas acciones causan sufrimiento y empobrecimiento, particularmente a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como graves daños al territorio”, dijeron.
La misión instó al Estado a brindar garantías de seguridad a los habitantes de la región, restablecer los derechos de la población afectada, hacer presencia integral y articular esfuerzos con las autoridades tradicionales.
“Exigimos que los grupos armados no estatales cumplan con su obligación de no causar daños y perjuicios a la población civil, incluyendo no reclutar a menores de 18 años. Reiteramos que las escuelas, los centros de salud, los templos y demás bienes civiles están protegidos por el DIH”, agregaron.
El ELN anunció que se terminaba el paro armado, pero que los combates que realizan contra el “clan del Golfo” continuarán en la zona de San Juan, así como en otras regiones. del país
A través de sus redes sociales, la ONU compartió información relevante sobre las condiciones en las que se encuentran las comunidades del río San Juan, Cajón y Sipí, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados no estatales. Estos enfrentamientos han provocado abusos de derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, generando un impacto significativo en la población civil.
Entre las pruebas de estos abusos se encuentran los desplazamientos forzados, el confinamiento de las comunidades, los ataques indiscriminados contra la población civil y otras formas de violencia. Estas acciones se han configurado en sufrimiento y empobrecimiento de los habitantes nativos, especialmente entre los niños, niñas y adolescentes. Además, se han registrado graves daños al territorio.
Ante esta situación, la ONU ha hecho un llamado y exigido a los grupos armados no estatales que cumplan con su obligación de no generar daños ni afectaciones a la población civil, incluyendo la prohibición del reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años. En este sentido, recordaron que las escuelas, los centros de salud, los templos y otros bienes civiles están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, la ONU instó al Gobierno colombiano a brindar garantías de seguridad para la ciudadanía, a restablecer los derechos de la población afectada y a hacer presencia integral en la zona. También resaltaron la importancia de articular los esfuerzos con las autoridades locales para abordar de manera efectiva la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en esta zona del país.
Asimismo, la entidad afirmó seguir comprometida en su labor de hacer veeduría de los derechos humanos para que se garantice el bienestar de las comunidades afectadas por conflictos armados en diferentes partes de Colombia. En este caso particular, su enfoque se centra en apoyar a la ciudadanía en el Medio San Juan de Chocó, trabajando en conjunto con organizaciones locales e internacionales para lograr un cambio positivo y duradero en la vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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