Hoy se conoció un documento de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, donde alerta sobre el desplazamiento y confinamiento de más de 2.300 personas en la última semana por efectos de la expansión del Clan del Golfo en los territorios en donde hay presencia el ELN.
Desde el 12 de enero de 2022 se ha evidenciado el deterioro de la situación humanitaria de la población afrodescendiente que habita en los municipios de Istmina y Medio San Juan. Las comunidades de Paimadó, Calle Fuerte, Chaquí, Dipurdú (Medio San Juan) y Negría (Istmina) se encuentran en medio del recrudecimiento de la violencia armada por cuenta de la disputa territorial entre el ELN y un Grupo del Clan del Golfo que ha buscado su expansión desde el norte del departamento (Urabá) hacia la subregión del San Juan
Dicha disputa por el control de las rutas fluviales, rentas de minería ilegal y tránsito de estupefacientes se ha traducido en diversas acciones de violencia contra la población civil como incursiones armadas, secuestros, torturas, homicidios selectivos, amenazas en contra líderes de Consejos Comunitarios y otros miembros de la comunidad, vinculación, uso y utilización de menores y accidentes con minas antipersonal (MAP) que, junto a los múltiples enfrentamientos registrados en la zona, han resultado en tres emergencias por desplazamiento masivo de aproximadamente 871 personas (353 familias) y el confinamiento de 1.230 personas (550 familias).
El texto completo es el siguiente:
Desde el 12 de enero de 2022 se ha evidenciado el deterioro de la situación humanitaria de la población afrodescendiente que habita en los municipios de Istmina y Medio San Juan. Las comunidades de Paimadó, Calle Fuerte, Chaquí, Dipurdú (Medio San Juan) y Negría (Istmina) se encuentran en medio del recrudecimiento de la violencia armada por cuenta de la disputa territorial entre el ELN y un Grupo del Clan del Golfo que ha buscado su expansión desde el norte del departamento (Urabá) hacia la subregión del San Juan
Dicha disputa por el control de las rutas fluviales, rentas de minería ilegal y tránsito de estupefacientes se ha traducido en diversas acciones de violencia contra la población civil como incursiones armadas, secuestros, torturas, homicidios selectivos, amenazas en contra líderes de Consejos Comunitarios y otros miembros de la comunidad, vinculación, uso y utilización de menores y accidentes con minas antipersonal (MAP) que, junto a los múltiples enfrentamientos registrados en la zona, han resultado en tres emergencias por desplazamiento masivo de aproximadamente 871 personas (353 familias) y el confinamiento de 1.230 personas (550 familias).
El texto completo es el siguiente:
