Por Daniel Mera Villamizar
A raíz de mi columna ponderando el algoritmo Betto, recibí denuncias ciudadanas que pude verificar.
En “ICBF da golpe a politiquería” (enero 10, 2021), anoté que “renunciar a la discrecionalidad en la escogencia de operadores en favor de un algoritmo marcará un hito” (en la lucha contra la corrupción).
Previamente, en “Pacto real por la primera infancia y reactivación económica” (septiembre 14, 2020), advertí que “el presupuesto de inversión del ICBF disminuiría en 2021, lo que debería corregirse en el Congreso”, como ocurrió.
“Asegurar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños de 0 a 6 años debe ser una prioridad nacional en medio de la recesión. Esto comienza por evitar que aguanten hambre. Y el país solo tiene un instrumento para este fin: el ICBF”, repito.
Eso como contexto. La denuncia del ciudadano indignado dice que en el Chocó, en diciembre, se escogió a un operador en un proceso amañado para beneficiar a un exgobernador con un contrato multimillonario.
Verifiqué lo siguiente: 1) la asociación denunciada existe y ha recibido no uno, sino al menos seis contratos por un total de $ 13.811 millones. Cinco en nutrición por un subtotal de $8.397 millones y otro en HCB Primera Infancia por $5.414 millones.
2) aunque a la asociación le fue reconocida la personería jurídica por el ICBF en julio de 2019 (Resolución 1499), desplazó a cuatro operadores antiguos, recibiendo todos los contratos en la modalidad “1000 días para cambiar el mundo” (Nutrición).
3) lo más diciente es que el propio algoritmo Betto la califica con 53 puntos sobre 100, según vi antes de que al mediodía del viernes ya no estuvieran disponibles en línea los resultados parciales que había publicado el ICBF sobre escogencia de operadores en Primera Infancia.
4) estos contratos se asignaron antes de Betto. Acerca del nexo con el exgobernador, la información conocida es que la representante legal de la asociación fue señora de un hermano del exgobernador, lo cual puede decir mucho o poco.
El cuadro del caso es inquietante y la directora del ICBF, Lina Arbeláez, debería revisarlo. Frente a cómo operadores recientes pueden llevarse toda o buena parte de la contratación, una clave está en los certificados de experiencia, generosamente expedidos por alcaldías, resguardos indígenas y consejos comunitarios para efectos de la conformación de los bancos de oferentes.
Tres representantes a la Cámara, Jhon Arley Murillo, Jorge Alberto Gómez y Henry Fernando Correal, de tres partidos distintos, denunciaron casos en Antioquia, Valle y Chocó de irregularidades en los papeles de requisitos habilitantes. A uno de ellos, Murillo, lo amenazaron por eso y le tuvieron que reforzar el esquema de seguridad. Cuando la Fiscalía indaga, con frecuencia no encuentra los soportes presupuestales y bancarios de los contratos certificados alegremente.
Por esa vía, el ICBF está incurriendo en un riesgo muy grande de fraude y corrupción. Bien podría hacer un pare y mientras tiene la capacidad de verificar previamente requisitos de los aspirantes, trabajar con aquellos operadores que ya tienen un historial de servicio y calificaciones con el Instituto.
Los datos fraudulentos van a engañar a la herramienta Betto. Pude observar, además, en los resultados parciales, que Betto asignaba contratos a proponentes con 40 puntos por debajo del mejor calificado. Algo no estaba bien. Y los resultados se habían prometido para el 07 de enero.
Ya escrita esta columna, el viernes el ICBF informó que “adelanta una nueva revisión de las ofertas recibidas para la prestación de servicios en las modalidades Institucional, Familiar, Hogares Infantiles y Propia e Intercultural con el fin de verificar que los oferentes garanticen los requisitos exigidos para atender con la mayor calidad posible a la primera infancia”. Enhorabuena.
Se sobreestimó el algoritmo Betto y así lo compramos. Ahora, los interesados en profundizar en esta conversación pueden escribir a [email protected]
