La comunidad abandonó su territorio por la disputa entre el Clan del Golfo y el ELN. Las familias permanecen temporalmente en Jurubirá, comunidad afrodescendiente, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. La Defensoría advierte que otras 300 personas de Puerto Indio también podrían desplazarse.
La Defensoría del Pueblo urgió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a garantizar atención humanitaria inmediata para aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubirá, municipio de Nuquí, Chocó, quienes tuvieron que abandonar su territorio durante la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales.
Entre las personas desplazadas se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la comunidad permanece temporalmente en Jurubirá y todavía no ha podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí.
La emergencia está relacionada con la disputa territorial entre el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones armadas cuya confrontación está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes de esta zona del Pacífico chocoano.
Dos personas asesinadas y un presunto secuestro
La situación de Villa Nueva se agravó después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera, dos días antes del desplazamiento, sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el sector.
Según el organismo, mediante un oficio relacionado con la consumación del riesgo advertido en la Alerta Temprana 009 de 2024, informó sobre el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.
La emergencia podría extenderse a otras comunidades indígenas del municipio. La Defensoría informó que cerca de 300 personas de Puerto Indio estarían evaluando abandonar su territorio debido a las condiciones de inseguridad.
Una amenaza advertida desde 2024
La situación de violencia en Nuquí, Bahía Solano y Juradó había sido advertida por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana Estructural 009-24, emitida el 9 de abril de 2024.
En ese documento, el organismo identificó dos escenarios de riesgo: la consolidación del control armado ilegal por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las acciones del ELN para recuperar el control territorial de zonas que anteriormente estuvieron bajo su dominio.
La alerta incluyó entre la población expuesta a las comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, docentes, comerciantes, autoridades étnicas y líderes sociales.
No es la primera vez que las comunidades indígenas de Nuquí enfrentan emergencias humanitarias por la presencia de grupos armados. En julio de 2022, FEDEOREWA había denunciado que habitantes de La Loma, Puerto Indio y Chorrito, pertenecientes al resguardo Jurubidá-Chorí-Alto Baudó, estaban en riesgo de desplazamiento y confinamiento por la presencia del Clan del Golfo y el ELN.
Exigen atención humanitaria y transporte seguro
Ante la nueva emergencia, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades garantizar alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno para las familias desplazadas, con enfoque étnico y diferencial.
También pidió coordinar el transporte fluvial y las medidas de protección necesarias para facilitar el traslado seguro de la comunidad hasta la cabecera municipal, cuando las condiciones de seguridad y navegación lo permitan.
El organismo reclamó la activación de las rutas institucionales de atención a víctimas del desplazamiento forzado y una respuesta coordinada con las autoridades indígenas y la comunidad afrodescendiente que está recibiendo a las familias.
La Defensoría informó que mantiene presencia institucional en Nuquí para hacer seguimiento, verificar la situación y articular acciones con las autoridades competentes.
