Tomado de UN Periódico Nro. 227, octubre 2020.
Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Profesora asociada, Sede de La Paz, Universidad Nacional de Colombia. Directora, Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diferencia Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras (Idcarán).
Ariel Palacios, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa)
La esperanza transformadora que suscitó la firma del Acuerdo de Paz en los pueblos negros pareciera haberse esfumado de manera progresiva, pues las cifras oficiales chocan con la lentitud institucional en la implementación, la incomprensión del alcance del capítulo étnico y la falta de interés político por parte del actual Gobierno.
Leído desde un lente afrodescendiente, el capítulo étnico contiene los principios y garantías de no regresividad de los derechos étnico-territoriales; la observancia del derecho a la Consulta Previa; la restitución de derechos territoriales; el desminado humanitario; el reconocimiento de la Guardia Cimarrona; la participación activa en la implementación tanto de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como del Programa Nacional de Intervención Integral de Sustitución (PNIS), y el derecho a representación en la instancia especial de alto nivel con los pueblos étnicos para el seguimiento de la implementación.
Los pueblos negros han visto desaparecer lentamente la esperanza que tenían en el Acuerdo; a nivel institucional, esto se tradujo en la creación del Plan Marco de Implementación (PMI), con 36 metas trazadoras y 97 indicadores étnicos aprobados en el Conpes 3932 de 2018.
Para analizar el estado actual del Acuerdo nos detendremos en dos puntos neurálgicos: la Reforma Rural Integral (RRI) y la solución al problema de las drogas de uso ilícito. Informes del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), señalan que los avances en la implementación para las comunidades negras están en un 10 %, lo cual evidencia que los asuntos afrodescendientes chocan con la lentitud institucional, la incomprensión del alcance del capítulo étnico, y de la falta de interés político por parte del Gobierno.
Crecen las tensiones territoriales
Con respecto a la rri, informes oficinales de la Agencia Nacional de Tierras (ant) señalan que se han realizado procesos de titulación colectiva en la lógica del pmi; para 2018, se culminó la formalización de 6 titulaciones colectivas con 874 hectáreas y 2.435 m2, con cargo al Fondo de Tierras, que benefició a 841 familias en La Guajira, Valle del Cauca y Cauca.
Para 2020 se culminaron 6 titulaciones colectivas que beneficiaron a 181 familias con un área de 1.032 ha y 9.801 m2 en Cauca y Magdalena. En los últimos dos años, la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la ant avanzó en la formalización de 12 consejos comunitarios con cargo al Fondo de Tierras, que benefició a 1.022 familias con un área de 1.907 ha y 2.236 m2.
Las organizaciones étnicas consideran que, en relación con las 280 solicitudes existentes, la cifra oficial es muy baja. Además hacen énfasis en que después de insistir mucho se abrieron dos subcuentas: indígena y afro, por lo que uno de los aprendizajes es que institucionalmente se desconocen las implicaciones de la formalización de tierras.
Por ello, en una comunicación dirigida al Gobierno, la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (LEANPE) preguntó sobre cuáles eran los recursos ejecutados y cuál era el monto de los recursos de la subcuenta afrocolombiana, pues las cuentas no son claras. Además, en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 la ant sufrirá una reducción de su rubro, lo cual afectará de manera drástica la inversión en los grupos étnicos.
Por otro lado, las organizaciones perciben un retroceso en seguridad jurídica territorial; el ejemplo más reciente es el del Consejo Comunitario La Boquilla (Cartagena), en el que una sentencia del Tribunal de Bolívar anuló en primera instancia la resolución que desde 2012 le atribuía legalmente esas tierras, alimentando así el anhelo de propiedad que tiene una parte del sector empresarial colombiano que ve a las comunidades afro como sus competidoras en relación con la tenencia de la tierra en el Caribe y el Pacífico colombianos.
De igual forma, en algunos lugares del Caribe la implementación del Acuerdo reveló el problema de tierras en lugares que antes no habían sido objeto de atención institucional, como en el caso de las comunidades negras que habitan en Llerasca (Agustín Codazzi), Victoria de San Isidro (Jagua de Ibirico) y Betulia, Santa Cecilia, Las Piñas y Catiguara (Becerril), aledañas a la Serranía del Perijá (Cesar) y que en algunas zonas eran asumidas como territorialidades de los pueblos indígenas binacionales yukpa y motilón-barí, situación que está provocando tensiones.
Sin claridad en los presupuestos
En relación con los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) estipulados por la Agencia para la Renovación de Tierras (art), se suscribieron 85 pactos étnicos que se tradujeron en 8.008 iniciativas, sobre las cuales la ieanpe ha solicitado conocer los detalles de dichas inversiones y el peso de la participación de los territorios y la infraestructura vinculada.
Con respecto a los pdet, aunque es cierto que los diálogos adelantados se convirtieron en un listado de necesidades a la espera de que se conviertan en acciones de ordenamiento de territorio, por ejemplo, merece la pena destacar que en el pdet Sierra Nevada-Perijá, se concretó el Mecanismo Especial de Consulta en una mesa de participación intercultural que cuenta con un protocolo aprobado por los pueblos indígenas y negros que confluyen allí.
Sin embargo, a consecuencia de la pandemia las actividades proyectadas se ralentizaron.
¿El decreto étnico del PNIS para cuándo?
En sustitución de cultivos se reporta un proceso de erradicación de 3.644 ha en áreas de pueblos étnicos, con un proceso abiertamente contrario a lo pactado en el Acuerdo, lo que ha generado tensiones territoriales que han dejado dos masacres en Alto Mira y Frontera, área rural de Tumaco (Nariño). Desde el Gobierno se reporta un avance de los Lineamientos Modelo de Sustitución con Comunidades Étnicas en Territorios Colectivos y un proceso de concertación con el 41 % de estas (87 resguardos indígenas y 8 consejos comunitarios).
Aunque el Gobierno ha realizado un esfuerzo al intentar darle más vuelo a la política de erradicación forzosa y absorber la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por las vías administrativas, jurídicas y mediáticas, es importante persistir en estas teniendo en cuenta que la mitad de los cultivos de uso ilícito se encuentran en territorios étnicos, razón por la que es lamentable que en cuatro años no se haya avanzado en la formulación del decreto étnico del pnis.
La implementación del capítulo étnico afrodescendiente está maniatado entre un sólido alistamiento institucional, con burocracia experta con pocos resultados para mostrar, y una implementación del Acuerdo de Paz severamente afectado por un Gobierno que prometió hacer trizas los acuerdos. Las pocas victorias tempranas que existen demuestran una vez más el sistemático racismo institucional enquistado en todos los ámbitos de la actuación pública.
