sEn la mañana del martes 25 de agosto de 2026, más de 100 indígenas de la comunidad Emberá Katío arribaron a Medellín en condición de desplazamiento forzado. Se trata de 103 personas pertenecientes a 36 familias (algunas versiones mencionan alrededor de 35 familias) procedentes de la comunidad El 90, ubicada en el corregimiento de Tutunendo, municipio de Quibdó, departamento del Chocó.
Los desplazados se instalaron inicialmente en las afueras de la Casa de Justicia de El Bosque, en el barrio Sevilla de Medellín, y luego fueron trasladados a la Casa de Etnias de la Alcaldía, en el barrio Prado, para recibir atención humanitaria.
Motivos del desplazamiento
Según el gobernador de la comunidad, Diego Arce, la situación de seguridad se tornó insostenible tras el asesinato de su líder Luis Ángel Arce, quien había recibido amenazas previas. El homicidio habría ocurrido hace aproximadamente dos meses y se habría perpetrado frente a miembros de la comunidad. Posteriormente, este fin de semana, otro integrante de la comunidad resultó herido, lo que precipitó la decisión de huir hacia Medellín en busca de protección.
“Nosotros en la comunidad tenemos un riesgo. Nos asesinaron a nuestro líder, después de un tiempo de amenazas, y ahora tuvimos otro compañero que resultó herido”, explicó Arce. El gobernador también criticó a las autoridades del Chocó, asegurando que interpusieron las denuncias correspondientes, pero estas no fueron atendidas de manera efectiva.
Existen diferencias en las versiones sobre el grupo armado responsable. Mientras unos medios reportan que el accionar se atribuye a la guerrilla del ELN, otros señalan al Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia) como la principal estructura detrás de las amenazas, intimidaciones y hechos violentos. En ambos casos, se vincula el desplazamiento con el homicidio del líder indígena y las presiones posteriores.
Respuesta de las autoridades
Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, confirmó que se activó un proceso integral de atención. Incluye un censo de las personas, recepción de declaraciones ante la Personería de Medellín y la activación de la ruta de ayuda humanitaria. “Estamos dando todo el acompañamiento a estas comunidades y vamos a caracterizarlos a cada uno de ellos para brindarles todas las ayudas humanitarias que requieran”, señaló Arcila.
Las autoridades evalúan las condiciones de seguridad en el territorio de origen para determinar la viabilidad de un eventual retorno, en coordinación con otras entidades. Por ahora, las familias permanecen bajo atención de la Alcaldía de Medellín.
