El 21 de agosto de 2026, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, designó mediante el Decreto No. 1618 a Luis Enrique Abadía García como procurador delegado de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 9: Para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías.
Esta delegada tiene funciones mixtas (preventivas, de control de gestión y disciplinarias de instrucción) orientadas al seguimiento, vigilancia y control de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), creadas y reglamentadas en resoluciones previas de la Procuraduría (como la 310 de 2022) para velar por el uso eficiente y transparente de estos fondos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables.
Perfil del designado
Luis Enrique Abadía García, conocido también como “Kike Abadía”, es abogado oriundo de Juradó (Chocó), egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó. Cuenta con una sólida formación académica que incluye múltiples maestrías (entre ellas en Derecho Público y Derecho Procesal Constitucional) y especializaciones en derecho público, administrativo, constitucional y áreas afines, además de estudios de doctorado.
Su trayectoria se ha centrado en el servicio público y el control fiscal: ha sido Defensor del Pueblo Regional en el Chocó, agente interventor de la Secretaría de Educación del departamento, gerente seccional de la Auditoría General de la República y, en la Contraloría General de la República, ha ocupado cargos como jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, director del Despacho del Contralor, vicecontralor encargado, contralor general en funciones en varias oportunidades y, más recientemente, Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.
En 2026 también figuró entre los principales aspirantes al cargo de Contralor General de la República para el periodo 2026-2030.
El nombramiento traslada su experiencia en control fiscal y vigilancia de recursos públicos al Ministerio Público, específicamente al seguimiento de las regalías, un área sensible por su impacto en las regiones productoras y por los históricos riesgos de irregularidades en su ejecución.
