El líder social y defensor de derechos humanos, oriundo de Bojayá, asumió la dirección de la Regional Chocó de la Defensoría del Pueblo, luego de ser posesionado por la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Leyner Palacios Asprilla se posesionó este miércoles 11 de noviembre de 2026 como nuevo Defensor del Pueblo Regional Chocó, en un acto encabezado por la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La designación lleva a uno de los líderes sociales más reconocidos del departamento a asumir la representación regional de la institución encargada de promover, divulgar y proteger los derechos humanos y de velar por la defensa de los derechos de la población colombiana.
Palacios es oriundo de Bojayá, municipio del Medio Atrato que quedó marcado por la masacre del 2 de mayo de 2002, cuando 79 personas murieron tras la explosión de un cilindro bomba en la iglesia de Bellavista, en medio de los enfrentamientos entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia.
Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la defensa de las víctimas del conflicto armado, la construcción de paz y la exigencia de garantías para las comunidades afectadas por la violencia.
Durante su recorrido profesional se desempeñó como comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y como director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Chocó. También ha desarrollado durante más de dos décadas labores de promoción y defensa de los derechos humanos.
Su llegada a la Defensoría Regional Chocó se produce en un contexto de persistentes afectaciones humanitarias en el departamento, relacionadas con el conflicto armado, los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades, las amenazas contra líderes sociales y las restricciones a la movilidad de poblaciones indígenas y afrocolombianas.
Desde este cargo tendrá entre sus responsabilidades acompañar a las comunidades, vigilar la garantía de los derechos humanos, atender las quejas de la ciudadanía y activar los mecanismos institucionales de protección frente a las vulneraciones de derechos.
