La salud del Chocó está enferma
Publicado por Periferia 30/04/2020
Por Angie González
“Puesto de salud no hay, la auxiliar de salud atiende en un lugar que se dice puesto de salud, pero es de la comunidad y está en malas condiciones porque es un patrimonio y el Gobierno se lava las manos diciendo que no puede invertir, tampoco contamos con un médico profesional”, afirma el Presidente del Consejo Comunitario de San Miguel. Como esta comunidad, todos los habitantes del Chocó esperan el día que los gobernantes hagan presencia en el territorio con proyectos reales que dignifiquen la vida en la zona. Están ansiosos por inversiones visibles, especialmente en el sector de la salud. Se necesita presencia real y no de grupos armados que atenten contra las comunidades chocoanas.
Durante décadas, el departamento del Chocó ha sufrido por el abandono del Estado en todos los sentidos, al desplazamiento, el reclutamiento de menores, la casi nula existencia de políticas, se le suma el pésimo estado de la red hospitalaria en toda la región.
El Chocó cuenta con tan solo un hospital de segundo nivel, el ESE Hospital San Francisco de Asís ubicado en la ciudad de Quibdó, el cual hace días estuvo cerrado parcialmente debido a que se encontraron varios funcionarios contagiados del nuevo coronavirus. En el departamento hay seis hospitales de primer nivel que tienen atención básica. Todos públicos localizados en los municipios de Quibdó, Bahía solano, Carmen de Atrato, Tadó, Istmina y Condoto.
Infografía hecha por Asokinchas
Además, a toda la red pública de salud del departamento se les debe entre tres y cinco meses de honorarios, no cuentan con insumos necesarios para la atención de pacientes con covid-19, ni otras patologías, así lo afirma el procurador ambiental y judicial del departamento del Chocó, Acxan Duque, quien agrega que siendo éste un departamento con más de 530.000 habitantes no hay ni siquiera un hospital de tercer nivel. Cada vez que un paciente requiere hospitalización especializada, cirugía, servicios cardiovasculares, neurocirugía, y otros de gran complejidad, deben ser trasladados a Medellín, Cali u otros municipios que cuenten con la infraestructura hospitalaria de la que ésta región carece.
En la actualidad hay 13 casos confirmados de Coronavirus en el departamento, una persona fallecida y el personal médico sin implementos mínimos de protección como trajes de bioseguridad, máscaras, guantes, tapabocas.
Desde las diferentes zonas se reciben denuncias de las comunidades dado que el gobierno no se ha hecho presente con implementos de protección y mucho menos con ayudas humanitarias. En San Miguel, medio San Juan, Jhon Harold López, presidente del Consejo Comunitario, afirma que hace algunos días unas personas enviadas por la administración municipal hicieron presencia para orientar sobre el Coronavirus, pero tan solo llevaron una caja de guantes, 40 tapabocas y 40 tarritos de gel antibacterial para una comunidad que se compone por más de mil personas.
Sumado al abandono, el Gobierno ha realizado fumigaciones aéreas en el territorio por estos días, causando así afectaciones al sustento de las comunidades chocoanas. Sin embargo, los habitantes no se oponen a la fumigación, pero exigen que se cumplan los compromisos pactados que por años la comunidad de San Miguel ha solicitado. Requieren la construcción de vías de acceso a la zona para facilitar el abastecimiento de la canasta familiar y comercializar los productos que ellos mismos fabrican.
Como si fuera poco, las comunidades no solo están expuestas al covid-19, sino que diariamente se enfrentan a problemáticas de salud tan delicadas como la enfermedad diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, enfermedades crónicas pulmonares y malaria. Ésta última ha aumentado en algunas zonas, en el Medio Atrato hay más de 400 casos reportados: “No se puede descuidar ésta problemática, la malaria también nos mata” dice la personera del municipio, Aurelina Quejada Palma. Asegura que no se han implementado mecanismos de prevención. En el centro de salud se están atendiendo a las personas que llegan, se les toma muestras y se les entrega el tratamiento. “El centro de salud –afirma–está en precarias condiciones”.
En el Municipio de Tadó, el panorama no es diferente. Hace más de 10 meses los funcionarios de salud no reciben sueldo y no hay insumos médicos para la atención de ningún paciente. Los empleados del Hospital San José de Tadó afirman que cada persona debe salir a comprar lo necesario para ser atendida, desde jeringas e inyecciones, hasta medicamentos de más alto costo. Edison Quintero, es el presidente de la veeduría del municipio y denuncia que “el personal hospitalario se cansó de tantos años de engaños y falsas promesas por los gobernantes”. En plena crisis sanitaria a nivel nacional, el gobierno no ha entregado elementos de protección mínimos que se requieren para enfrentar el covid-19.
El Procurador ambiental y judicial del departamento dice que “se requiere una intervención en el hospital San Francisco de Asís, se requieren medidas contundentes del Gobierno Nacional, mejorar las instalaciones, tener máquinas de respiración, dotar de una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y pensar en un hospital móvil para el departamento. Incluso contemplar la posibilidad de articular con la Armada Nacional y gestionar buques medicalizados para que atiendan la población del pacífico como Juradó, Bahía Solano, Nuquí y Pizarro que en un momento dado pueden presentar síntomas de coronavirus y no hay lugar adecuado para la atención”.
El pasado viernes, el procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el fiscal Francisco Barbosa dieron a conocer un informe llamado «Transparencia por la emergencia», que realiza investigaciones penales, fiscales y disciplinarias por posibles irregularidades en temas de contratación en medio de la crisis sanitaria. En este informe se ve implicado el gobernador del Chocó, Ariel Palacios y por tal razón fue suspendido por un periodo de tres meses. El hoy suspendido gobernador firmó un contrato por más de 2.000 millones de pesos con la Fundación Chocó Saludable para realizar actividades y capacitaciones relacionadas con la pandemia del covid-19.
Todo éste panorama exige que se garanticen los derechos a la salud, que se inviertan recursos para insumos de bioseguridad, especialmente en este momento donde no hay elementos de protección ni estabilidad laboral por la falta de pago y las nulas inversiones en las instalaciones hospitalarias con las que cuenta el departamento.
Sin duda alguna la salud del Chocó está enferma, y si bien es cierto que siempre se ha escuchado desde todos los sectores que ésta región merece ser mirada con más atención y respeto por los gobernantes de turno, más aún en tiempos tan particulares y atípicos que agravan el ya preocupante y doloroso abandono, es momento que Colombia entera se una para aminorar las brechas de inequidad entre el Chocó y gran parte del país. Este es un departamento de enormes riquezas culturales, deportivas, fluviales y mineras, que le aporta no solo a la economía del país sino a los bolsillos de unos cuántos que a través de las diferentes administraciones lo han venido desangrando.
