A propósito del fin del paro armado de la guerrilla del ELN en la subregión del San Juan (Chocó), la Defensoría del Pueblo llamó al Gobierno Nacional para que implemente medidas de atención en salud que permitan hacerle frente a un brote de paludismo.
En la comunidad indígena La Lerma (zona rural del municipio del Medio San Juan), alrededor de 600 personas han presentado síntomas de la enfermedad y solamente han sido practicadas 200 pruebas, 160 de ellas resultaron positivas, en un proceso que viene siendo realizado desde hace varias semanas.
No obstante, preocupa que los diagnosticados no tuvieron acceso a medicamentos ni a servicios médicos por cuenta del paro armado, que duró ocho días. Por ello, es apremiante un trabajo conjunto de la institucionalidad, a fin de que sean realizadas jornadas de salud en La Lerma.
El paludismo es una enfermedad que causa síntomas leves, como escalofrío, dolor de cabeza, fiebre; sin embargo, puede desencadenar síntomas mucho más preocupantes, como fatiga, dificultad profunda para respirar, incluso convulsiones, entre otros. Si la patología no es tratada a tiempo, podría ser mortal para menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas susceptibles de una infección aguda, razón por la que es determinante la atención urgente y el reinicio en la toma de medicamentos.
Hay desabastecimiento
Otro de los efectos directos que dejó el paro armado es el desabastecimiento en varios renglones de la economía. Uno de ellos está relacionado con la falta de combustible, necesario para la movilización, principalmente vía fluvial (a través de los ríos San Juan, Sipí y Cajón), de alimentos y enseres.
Preocupa a la entidad de derechos humanos que los cerca de 45.000 afectados por la medida del grupo rebelde en cinco municipios (Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan) estén sintiendo la ausencia de productos indispensables de la canasta familiar. Por consiguiente, la seguridad alimentaria debe ser garantizada en la subregión del San Juan.
El derecho a la libre movilidad
Como ha sucedido en el pasado, luego de que los paros armados llegan a su fin, las comunidades sienten temor de movilizarse por ríos y carreteras. Se ven en la obligación, para salvaguardar su vida e integridad, de seguir confinadas, es decir, su ejercicio del derecho a la libre movilidad se ve interrumpido, razón por la que las fuerzas de seguridad del Estado deben implementar acciones de protección y seguridad que les permitan a las familias, en su mayoría afro e indígenas, trasladarse de un lugar a otro para que puedan realizar sus labores diarias, y a los menores de edad y docentes, retornar a los centros educativos.
La libre movilidad también se ve interrumpida por el temor de las comunidades a ser víctimas de las minas antipersonal instaladas en carreteras y campos por los grupos armados no estatales. Cansados del conflicto que a diario afrontan, provocado por el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), que se disputan el control territorial y social, necesitan que las estructuras armadas le pongan punto final a las hostilidades.
Por ende, la Defensoría del Pueblo insta a los dos grupos a no seguir causándoles afectaciones directas e indirectas a la población que habita en la subregión del San Juan, los exhorta a cesar todas las acciones contra los civiles, quienes no aguantan más la permanente vulneración de sus derechos humanos.
