• Un detallado informe de cómo las comunidades chocoanas han sufrido la violencia, el racismo y el despojo de tierras entre 1960 y 2019, es entregado a la JEP y la Comisión de la Verdad de parte del CINEP y el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó.
• El informe documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y elites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico. Hoy el 95% de las tierras productivas está en manos de terceros ajenos al territorio, mientras que la comunidad afro y campesina del Consejo Comunitario solo posee el 5%, según revela la investigación.
• Debido al riesgo que vive el Consejo en medio de las amenazas y asesinatos continuos, la entrega del informe será privada. También se presentará una solicitud de medida cautelar ante la JEP para protección territorial en favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario. Con esta se busca proteger a las 5.832 personas que viven en esta zona, y las 107.064 hectáreas de tierra que componen el Consejo.
Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reciben el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos
socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular,
CINEP.
Esta rigurosa investigación es presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.
Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y cooRdinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.
Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a
los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.
Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.
Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.
Resumen de datos y mensajes destacados del Informe
El Informe documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y elites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para
la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento
masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.
- La incursión paramilitar generó el vaciamiento del territorio colectivo de COCOLATU entre 1998 y 1997. El 93% de la población abandonó sus tierras dejando comunidades vacías y otras con pocas familias.
- El 95% de las tierras productivas se encuentra concentrado en manos de terceros ajenos al territorio, mientras que la comunidad de COCOLATU solamente posee el 5%.
- La esperanza de haber obtenido la titulación colectiva en COCOLATU se diluyó bajo las dinámicas de violencia, despojo y expoliación de los recursos naturales
del territorio. - El asesinato, el desplazamiento, el vaciamiento y a la par el despojo fue la estrategia convenida por terceros ajenos al territorio y actores armados ilegales para la expansión de la frontera agrícola con fines agroindustriales.
- En COCOLATU no solo se violaron los derechos civiles y políticos de la comunidad. Debido a la discriminación estructural se vulneraron también sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con el mismo impacto sobre el territorio colectivo.
- El ejercicio de violencia contra las comunidades negras de COCOLATU fue una práctica que presidió a la constitución de un orden colonial, en el cual esos ecosistemas “salvajes” fueron blanqueados, domesticados, desarrollados y modernizados.
- La discriminación histórica legitimó el despojo al asociar los territorios ancestrales con escenarios no empleados de manera correcta y de acuerdo al interés general y del desarrollo de la nación. Así se configuró un racismo ambiental.
- En COCOLATU los cuerpos de las mujeres, como su territorio, también fue violentado. En ambos casos las motivaciones estuvieron cimentadas en el patriarcado, el racismo estructural y el colonialismo interno.
- En COCOLATU se generó un etnocidio que, aunque no logró perpetrarse de manera efectiva, ha sido un riesgo latente que se sostiene año tras año.
- En COCOLATU poco importó la titularidad del territorio; lo que se buscó fue imponer es el “para qué” de esas tierras, conscientes de que quién ejerza el control sobre el uso de los suelos, detentará el poder económico, social y político en la región. Y para ello fue casi una obligación detentar el poder militar, bien sea legalmente, contando con el apoyo de la Fuerza Pública, o bien sea manteniendo la opción de la ilegalidad.
