165 personas, entre ellas 71 mujeres, participaron en las cinco diligencias convocadas en el marco del Caso 09: Crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos.
En cuatro de estas diligencias dialógicas e interculturales participaron las autoridades del pueblo negro, de las subregiones del Baudó, San Juan, Atrato y Pacífico. Y, en la quinta, participaron todas las autoridades indígenas del territorio chocoano biogeográfico que integra los municipios antioqueños de Vigía del Fuerte y Murindó.
Estos encuentros permitieron la recolección de información detallada sobre los crímenes y actores que participaron en el conflicto armado.
La metodología que se utilizó en las cinco audiencias integró el modelo dialógico de investigación judicial propio de la JEP y metodologías de investigación participativa.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizó cinco diligencias dialógicas subregionales e interculturales y de coordinación interjurisdiccional con los pueblos negros e indígenas del Chocó, en el marco del Caso 09: Crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto.
Con el objetivo de avanzar en la consolidación de información del subcaso Chocó, en el marco del proceso de priorización interna del Caso 09, en su fase de concentración y, garantizando los enfoques diferenciales mujer, familia y generación, étnico-racial y territorial, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, correlatora de la investigación, se trasladó al departamento del Chocó. Allí, con el apoyo de un equipo multidisciplinario, avanzó en un diálogo de coordinación intercultural e interjusticias con 165 autoridades étnico, territoriales, espirituales y, con ascendencia y reconocimiento, que hacen parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en el territorio chocoano biogeográfico.
Los aportes comunitarios alrededor de cartografías, líneas de tiempo, mapas de actores y las narrativas que recogió la Sala de Reconocimiento durante las diligencias, permitieron la identificación de hechos desconocidos por la justicia ordinaria.
Así mismo, servirán de insumo para la caracterización de los patrones macrocriminales y la organización de los comparecientes que serán llamados a versión en el marco del subcaso Chocó.
Durante el recorrido por el departamento, la magistrada Henríquez Chacín, correlatora del Caso 09, resaltó la importancia de generar escenarios conjuntos entre las autoridades del pueblo negro, los pueblos indígenas y la JEP. Esto, con miras a reconstruir información de contexto que permita complementar y contrastar los informes presentados ante la Jurisdicción en el marco de la investigación.
El primer encuentro subregional se llevó a cabo entre el 15 y 16 de mayo en Quibdó. En él participaron las autoridades indígenas de las etnias Emberá- Katío, Emberá – Chamí, Emberá Dóbida, Guna Dule y Wounaan, quienes narraron a la magistratura los crímenes cometidos por diferentes actores armados en sus resguardos. Así mismo, narraron los impactos que el conflicto armado dejó en sus territorios ancestrales, la pérdida irreparable de dinámicas sociales y las afectaciones sistemáticas y diferenciales cometidas contra sus pueblos en el marco del conflicto armado. Las autoridades indígenas manifestaron el interés de que la JEP investigue los crímenes cometidos contra sus pueblos en busca de una verdadera reparación.
A través de la representación cartográfica de sus territorios, las comunidades localizaron los lugares donde ocurrieron homicidios, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, ataques contra bienes civiles, culturales y lugares sagrados.
El segundo encuentro subregional se desarrolló durante los días 18 y 19 de mayo en Pizarro, cabecera municipal del centro poblado del municipio de Bajo Baudó. Hasta allí llegó la Jurisdicción luego de realizar un recorrido de, aproximadamente, siete horas entre transporte terrestre y fluvial para reunirse con las y los representantes de los consejos comunitarios de los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.
Durante la diligencia, los participantes relataron los hechos victimizantes que sufrieron sus comunidades y las consecuencias irreparables que dejó el conflicto armado en los habitantes de esta subregión rica en biodiversidad, atravesada por el río El Baudó. De acuerdo con sus relatos, como consecuencia directa del conflicto armado los pescadores de la zona permanecieron confinados en sus casas. Esto puso en riesgo la sostenibilidad de sus familias y sus prácticas ancestrales.
Los participantes expresaron a la JEP la forma en que la disputa de los grupos armados, por el control territorial ha cercenado su libertad para movilizarse en la región y ha causado la desaparición y desplazamiento de corregimientos completos. Así mismo, las mujeres narraron a la Sala de Reconocimiento las secuelas que padecen las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual en el territorio y la persistencia de actores armados en la región. Según afirmaron los participantes, la invisibilización de la realidad que ha vivido la región, los ha hecho más vulnerables a los distintos actores armados a través del tiempo.
La JEP también se movilizó hasta la región del San Juan, en el municipio de Istmina. Allí se hizo la tercera diligencia dialógica, durante los días 23 y 24 de mayo. En esta audiencia, los representantes de los Consejos Comunitarios narraron a la magistrada Henríquez Chacín la crisis humanitaria que deja el conflicto armado. Se refirieron a la parálisis del tránsito fluvial en los embarcaderos de Istmina y del río San Juan, y sus afluentes, por cuenta de paros armados que han generado confinamiento y desplazamiento, así como de la escasez de productos de consumo familiar que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Además, denunciaron la fuerte presencia que mantiene en la zona rural y urbana la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La JEP en Bojayá
Por tercera vez, desde la creación de la JEP, la magistratura llegó hasta la cabecera municipal de Bellavista, municipio de Bojayá, lugar en el que las extintas Farc-EP perpetraron una masacre el 2 de mayo de 2002 en la iglesia del municipio, donde se refugiaba la población civil.
La magistrada Henríquez Chacín recorrió el camposanto y escuchó las demandas de verdad y reparación integral que piden las víctimas. Desde hace 21 años esperan justicia y que se reconozcan las verdaderas motivaciones de la masacre, así como de otras violaciones a los derechos humanos que nunca han sido investigados por la justicia ordinaria y que fueron perpetradas en Bojayá, Vigía del Fuerte, Medio Atrato, Murindó y otros asentamientos, ocurridos durante la semana del 2 de mayo de 2002, entre ellos, el papel de la fuerza pública en estos hechos y los impactos que ha dejado el conflicto armado más allá de la masacre. Según argumentan, que hay un antes y un después en la dinámica de la guerra.
Las organizaciones, a través de las autoridades étnicas, relataron ante la Jurisdicción la compleja situación humanitaria que, según aseguran, siguen viviendo. Además, describieron las múltiples prácticas que diferentes actores armados, que confluyen en la zona, han impuesto y lo que ha representado para la comunidad la pérdida de costumbres y ritos propios de su cultura.
El último encuentro se realizó en el municipio de Bahía Solano el 29 y 30 de mayo. Durante la diligencia judicial, los Consejos Comunitarios expusieron los daños generacionales que ha vivido la comunidad como consecuencia de la guerra que se enquistó en su territorio.
Después de oír las voces de los pueblos indígenas y afro que atendieron el llamado de la JEP, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín aseguró que: “lo más grave cometido se relaciona con la forma de vida de las personas, su cultura, su idiosincrasia, sus tradiciones y queremos hacer eso presente en estos escenarios de macrocriminalidad que afectan derechos culturales, territoriales y a su autodeterminación social, política y económica, asociados al racismo estructural y a la discriminación que los coloca en riesgo de exterminio».
La magistrada correlatora del Caso 09 resaltó que la información suministrada al despacho durante estas cinco diligencias dialógicas será determinante en la creación de la ruta étnica y la concertación de canales de interlocución con las autoridades de los pueblos negros e indígenas del Chocó y de los municipios antioqueños de Murindó y vigía del Fuerte, con el fin de establecer instancias de coordinación y mecanismos de participación de los pueblos en el marco del proceso judicial. Es decir, con el respeto de las autonomías propias de los pueblos y las coordinaciones interjusticias a las que haya lugar.
Con el cumplimiento de las diligencias dialógicas se fortalecieron los ejercicios de pedagogía que facilitaron la divulgación y conversación sobre el Sistema Integral de Paz (SIP), la Jurisdicción Especial para la Paz y sus mecanismos de participación de víctimas y autoridades. De igual manera, la magistratura expuso ante las víctimas y autoridades étnicas, entre las que se destaca la participación de 71 mujeres, los avances del Caso 09 y promovió diálogos y acuerdos.
