Por Jorge Salgado. Septiembre 17/2025
El 11 de enero de 2005, el gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, intervino las Empresas Públicas de Quibdó, EPQ, empresa encargada de prestar los servicios de agua, aseo y alcantarillado a los más de 140.000 habitantes en la capital del Chocó.
La Superservicios, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, justificó su decisión “ante la imposibilidad y desgreño de las autoridades locales y la administración de la empresa de proveer el servicio de agua potable”.
Pero hoy, más de veinte años después de control, administración y responsabilidad del gobierno central de las EPQ, en forma directa y a través de distintos operadores, como ETA y EPM, la empresa tiene un patrimonio negativo de $135.757 millones y pasivos que superan los $220.000 millones, y se anunció que será liquidada y cambiará su operador en diciembre.
Luego de más de veinte años de anuncios mentirosos de los gobiernos de Uribe, Santos, Duque y Petro, la cobertura del servicio de alcantarillado en Quibdó es apenas del 15% y la cobertura de agua potable, por pocas horas al día, es del 50%. ¡Una vergüenza total!
Carlos Rodrigo Vera, gerente y agente interventor actual de EPQ designado por la Superservicios, señaló que “no es una situación fácil, debido a las limitaciones presupuestales. Creemos que esta situación, lógicamente, hay que plantearla al Gobierno para buscar, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y la misma Superintendencia, la oportunidad de cerrar esos pasivos”. La propuesta sería que el Estado absorbiera las deudas con los acreedores.
Vera también habló de quienes podrían ser los posibles interesados en adquirir la operación. “Algunas (compañías) que están en esta zona del Pacífico, que tiene la capacidad del músculo financiero, estarían interesadas en ser las nuevas operadoras”, dijo el interventor.
El acueducto de Quibdó sigue funcionando por el sistema de bombeo desde el contaminado río Cabí, afluente del Atrato.
Desde el paro cívico del Chocó del año 2000, y refrendado en los paros cívicos de 2016 y 2017, se firmaron compromisos con el gobierno nacional para construir un acueducto por gravedad como solución para prestar un servicio las 24 horas del día a la totalidad de la población.
Varios estudios han demostrado que el sistema de bombeo, por sus altos costos de operación, acrecentados con el alza continua en el servicio de energía, no es viable ni sostenible en Quibdó y han concluido que existen múltiples alternativas de acueducto por gravedad para Quibdó, destacándose las que utilizarían como fuentes el río Ichó y el río Grande.
La bocatoma sobre el río Ichó estaría ubicada a 28 kilómetros de Quibdó, en un punto ubicado a 150 metros sobre el nivel del mar.
La bocatoma sobre el río Grande estaría ubicada a 55 kilómetros de Quibdó, en el sitio El Barbudo, un punto ubicado a 380 metros sobre el nivel del mar.
El gobierno Petro tampoco ha cumplido el compromiso de construir el acueducto por gravedad de Quibdó y en el ocaso de su mandato escenificó una comedia, dijo que la Ministra de Vivienda lo había traicionado y se lavó las manos como Pilatos con la contratación de un nuevo Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
El Chocó entero debe pedir cuentas al gobierno nacional por su errático manejo del acueducto de Quibdó, que el municipio recupere la dirección y operación de su patrimonio público, y exigir el cumplimiento del compromiso pactado en varios paros cívicos de gestionar recursos para la construcción del acueducto por gravedad.
