Otoniel Pérez Sáenz, ex alcalde de Unguía en el período 2016-2019, fue cobijado con medida de aseguramiento en detención domiciliaria, por un presunto detrimento patrimonial por más de 3.556 millones de pesos.
El 2 de diciembre de 2019, la administración municipal suscribió de manera directa y al amparo de una declaratoria de urgencia manifiesta, un contrato interadministrativo con Adolfo León Tabares Gutiérrez, representante legal de la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño, Asomura, por valor de 6.591 millones pesos, para construir tres muros de contención para prevenir emergencias ocasionadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en Unguía, Lloró y Tadó (Chocó).
De acuerdo con la investigación, Asomura habría subcontratado a diferentes firmas que no contaban con la capacidad técnica y financiera requerida para ejecutar las actividades previstas, entre ellas la empresa Sigma Construcciones S.A.S., representada por Luis Alberto García Mosquera.
El muro de contención en Unguía se construyó a orillas del río Cutí, sector Canagua, en la vía que comunica al corregimiento de Gilgal, con una longitud aproximada de 400 metros y altura de 4 metros, construido con gaviones.
La obra presentó múltiples suspensiones (al menos 5), incumplimientos y fue declarada terminada por mutuo acuerdo. La Contraloría Departamental del Chocó encontró hallazgos, incluyendo “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”. Quedó inconclusa o con falencias (siniestrada según reportes), generando deudas y observaciones de control.
Adicionalmente, se conoció que fueron transferidos dineros públicos sin los respectivos soportes, situación que generó un posible detrimento patrimonial por más de 3.556 millones de pesos.
Adolfo León Tabares Gutiérrez y Luis Alberto García Mosquera fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La Fiscalía General de la Nación calificó el hecho como un entramado de corrupción que se apropió de recursos destinados a la realización de obras de mitigación, e imputó al exalcalde y a las otras dos personas, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
Los procesados no aceptaron los cargos.
Otoniel Pérez Sáenz actualmente figuraba como precandidato a la alcaldía del municipio de Unguía.
