Nuevamente el personero municipal de Bahía Solano, Carlos Mario Cardona Pérez, denuncia irregularidades en la ejecución del programa de Equipos Básicos de Salud, designados mediante la Resolución 2290, que se desarrolla en su municipio.
El representante del Ministerio Público expresa algunas irregularidades presentadas en la operación del programa, la cual está asignada a la E.S.E San Roque, entidad responsable de garantizar el funcionamiento de dos equipos en dicho municipio.
Según el Personero de acuerdo con la normatividad vigente, cada Equipo Básico debía estar conformado por nueve integrantes, condición obligatoria para asegurar la ejecución integral de las acciones en salud y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, al parecer la E.S.E San Roque omitió la contratación de tres funcionarios, requisito indispensable para completar el personal mínimo exigido por los lineamientos del Programa.
En su denuncia el funcionario resaltó que, pese a las reiteradas solicitudes de aclaración realizadas tanto por el ente territorial como por la personería, mediante comunicación verbal, oficios y múltiples llamadas telefónicas dirigidas a la funcionaria encargada en la E.S.E San Roque del Carmen de Atrato, nunca se suministraron los contratos, ni se dio una respuesta clara y formal frente a esta omisión.
Como consecuencia de lo anterior tres personas con perfil idóneo y que habían sido seleccionadas quedaron imposibilitados para iniciar labores dentro del programa, aun cuando estaban disponibles para cumplir con las funciones asignadas.
El personero municipal ha solicitado además se realice una rendición de cuentas o informe de cara a la institucionalidad, veedores cuidados y comunidad en general, donde se explique con soportes el manejo de los recursos destinados a los tres cargos que hicieron falta, los cuales son un psicólogo, líder comunitario y perfil complementario, teniendo en cuenta que dichos recursos para la contratación y pago de los mismos son asignados de manera específica para cada municipio con el fin de garantizar la operación integral de los equipos Y exige se rinda cuentas del destino que tuvieron los recursos correspondientes a los puestos no contratados, con el agravante que su ausencia afecta directamente la prestación de los servicios y la correcta ejecución del programa en territorio.
Finalizando diciendo que “la comunidad tiene derecho a conocer el uso real de los fondos públicos y a exigir que las entidades contratistas cumplan con la totalidad de las obligaciones establecidas en la resolución 2290 y demás disposiciones aplicables y no es aceptable que un programa tan importante para la salud de las comunidades de más difícil acceso y más vulnerables se vea afectado por actos que considera deben ser investigados. De igual manera expresó su preocupación por el no pago oportuno de los salarios u honorarios a los profesionales que han prestado sus servicios y reclama más control y vigilancia por parte del Ministerio de Salud al programa”.
