Al parecer, la obra de Fase 1, una vez concluido el plazo de ejecución del contrato, no fue terminada.
Se cuestiona la interventoría y supervisión realizada a este bilateral que supera los $ 17 mil millones.
Por posibles irregularidades en un contrato del Ministerio de Cultura para la construcción del teatro César Conto en Quibdó, Chocó, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces representante legal del Consorcio Esparza SAM e interventor, Édgar Eduardo Esparza Santos.
La investigación también cobija al entonces coordinador Grupo de Infraestructura Cultural y supervisor del contrato de obra, Camilo Andrés Hurtado González.
Se trata del nuevo teatro César Conto Ferrer, obra que supera los $ 17 mil millones, de los cuales $13.400 millones corresponden a los aportes hechos por el Ministerio de Cultura que se han destinado a la ejecución de la construcción, mediante contrato de obra suscrito con la firma Axioma Ltda. y el bilateral de interventoría celebrado con el mencionado consorcio por un valor inicial de $451.346.235.
Al parecer, la obra, una vez concluido el plazo de ejecución del contrato, no fue terminada.
El ente disciplinario ordenó la apertura de investigación tras el presunto incumplimiento del objeto del contrato obra 3282 de 2017 y la correspondiente obligación tanto del interventor como del supervisor de vigilar su desarrollo y correcta ejecución.
El Ministerio Público requirió los estudios y diseños del proyecto, así como los informes finales de ejecución e informes que den cuenta del estado actual de la construcción del nuevo teatro y de las acciones emprendidas por las entidades involucradas para la terminación del proyecto, posterior al contrato de obra 3282 de 2017.
Respecto del contrato de interventoría, celebrado entre el Ministerio de Cultura y el Consorcio Esparza SAM, solicitó al Ministerio de Cultura información del proceso de liquidación del contrato de obra.
Adicionalmente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial que permita establecer si las obras entregadas se ajustaron a las especificaciones propias de la labor contratada y si las obligaciones asignadas al interventor y al supervisor fueron cumplidas según los términos previstos.
