El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dio a conocer el más reciente informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025.
Afirma que la crisis en el Catatumbo ha puesto de relieve la persistencia de desafíos y factores estructurales que sustentan la violencia en las regiones afectadas por el conflicto, y que el Acuerdo Final pretende abordar, tales como la limitada presencia del Estado y la presencia de economías ilegales, en particular de cultivos ilícitos.
El informe reporta la crítica situación de seguridad en el departamento del Chocó, debido a las acciones de grupos armados ilegales.
Los pueblos indígenas y afrocolombianos siguieron viéndose especialmente afectados por confinamientos derivados de los enfrentamientos armados, así como por amenazas y ataques sistemáticos contra líderes espirituales, autoridades étnicas y sus familias, en varios departamentos, entre ellos el Chocó. Esta dinámica ha ocasionado el desplazamiento forzado de familias y autoridades étnicas, a menudo como medida preventiva para evitar el reclutamiento de niños y garantizar su seguridad.
Los enfrentamientos entre las AGC y el ELN dieron lugar a confinamiento de población entre el 18 y el 21 de febrero, señala el informe. De igual manera, entre el 27 de diciembre de 2024 y el 3 de marzo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 40 denuncias de homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos; un número significativo eran autoridades tradicionales y guardias indígenas de los departamentos de Cauca, Chocó y Putumayo, menciona el informe.
El informe también subraya que el Acuerdo Final brinda un marco para abordar de manera integral muchas de las causas y factores de la persistencia de la violencia, que siguen afectando en especial a determinadas regiones del país, entre ellas el Chocó. De igual manera, el informe recoge que las comunidades indígenas y afrocolombianas subrayan la urgente necesidad de reforzar las medidas de protección y de implementar plenamente las disposiciones étnicas del Acuerdo de Paz.
Sobre los diálogos sociojurídicos en entornos urbanos en Quibdó, Medellín y Buenaventura, el informe destaca que se han logrado algunos avances, entre otras cosas en la reducción de la violencia. En Quibdó, dos nuevas estructuras locales se sumaron a las conversaciones y se logró una tregua entre cinco organizaciones criminales hasta el 31 de marzo. Sin embargo, la continua expansión de las AGC en la ciudad durante los últimos meses ha tensado el proceso. El informe señala que en los tres casos queda por establecer un marco jurídico claro y es necesario acelerar la implementación de los acuerdos parciales alcanzados para que repercutan positivamente en la vida de las comunidades.
