«El futuro de la juventud colombiana y de comunidades enteras en Chocó se ve cada vez más asfixiado por el control brutal y creciente de los grupos armados no estatales, sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Condenamos las acciones de estos grupos en Chocó”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las graves afectaciones a los derechos humanos y ataques que padecen los pueblos indígenas Emberá Dobida, Emberá Chami, Emberá Katío, Emberá Wounnan, Zenú, y Tule así como las comunidades afrodescendientes en Chocó, que ponen en riesgo su pervivencia física y cultural.
“El futuro de la juventud colombiana y de comunidades enteras en Chocó se ve cada vez más asfixiado por el control brutal y creciente de los grupos armados no estatales, sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Condenamos las acciones de estos grupos en Chocó”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Los grupos armados no estatales -añadió- han ocupado el vacío devastador que dejó el Estado en la protección y en las oportunidades para los jóvenes, lo que ha dado lugar a una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluido el aumento del reclutamiento forzado y uso de niños y niñas de solo 10 años, y la falta de garantía de derechos. Nos han reportado también el aumento de suicidios entre los jóvenes”, dijo Scott Campbell.
“Las acciones de los grupos armados no estatales amenazan la vida y la labor de las personas defensoras y de líderes y lideresas; estos grupos además extorsionan a las comunidades; instalan artefactos explosivos prohibidos por el DIH; impiden que tanto comunidades indígenas como afrodescendientes puedan salir a cazar, pescar, cultivar, intercambiar alimentos, o llevar a cabo sus rituales en sitios sagrados. Todo esto provoca desplazamientos forzados y confinamiento”, señaló el Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Nos preocupa —añadió— que las autoridades del Estado no han logrado llegar y permanecer en el territorio para garantizar los derechos humanos y prevenir el exterminio de los pueblos indígenas y la destrucción del tejido social de las comunidades afrodescendientes”.
El Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recibió información sobre la presencia y expansión de los grupos armados no estatales, con el fin de controlar el territorio y las economías ilícitas, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, debido a que tratan de socavar las estructuras organizativas, de hacer parte de las comunidades y de sus formas de autogobierno, por medio de la intimidación, la infiltración y la violencia.
A lo anterior se suma, la enorme afectación que las actividades ilícitas, como la deforestación, la minería ilegal y el cultivo de coca, está teniendo en el medio ambiente, el territorio y los recursos naturales que permiten la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
“Recibí información que ya mi oficina ha conocido en otros lugares del país, sobre la ocupación de varias escuelas por parte de grupos armados no estatales y sobre las amenazas que reciben los maestros y las personas defensoras que tratan de impedir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Este crimen tiene un alto subregistro en Chocó debido al control territorial de los grupos armados no estatales. Reclutar niñas, niños y adolescentes afecta también y de forma directa la pervivencia física y cultura de los pueblos indígenas, y de las comunidades afrodescendientes porque cortan la cultura y el arraigo ancestral de estos pueblos”, dijo Campbell.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos volvió a recibir información sobre la preocupación de las comunidades por la ausencia de garantías de los derechos a la educación, a la salud, al agua y al saneamiento, así como de oportunidades para los niños, las niñas y los jóvenes, que les permitan avanzar hacia un plan de vida en paz.
Tanto representantes de pueblos indígenas como de comunidades afrodescendientes reiteraron a ONU Derechos Humanos que, a pesar de haber informado a las autoridades del Estado sobre varios suicidios de niñas, niños y jóvenes provocados por las situaciones descritas antes, no ha habido atención sicológica sostenible del Estado ni visitas a sus comunidades para proteger a los más jóvenes y abrir programas de prevención y oportunidades de educación con el fin de evitar los suicidios.
También durante la visita de Scott Campbell al Chocó, representantes de las comunidades expresaron su preocupación por el alto número de homicidios en Quibdó, sobre todo de personas jóvenes, por los altos niveles de violencia de género y por las acciones de extorsión permanentes de grupos armados no estatales.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado en lo que va del año en Chocó cinco alegaciones de homicidios contra personas defensoras, y desde 2024, ha verificado 5 casos de reclutamiento de niñas y niños, aunque conoce del alto subregistro de este crimen por el miedo a denunciar de las comunidades y por la ausencia de instituciones del Estado.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llama al Estado a fortalecer sus medidas de protección y garantía de respeto de los derechos humanos en Chocó, y a prevenir el exterminio físico y cultural tanto de pueblos indígenas como de las comunidades afrodescendientes.
Al mismo tiempo, la Oficina de ONU Derechos Humanos insta a los grupos armados no estatales a respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, DIH, a liberar de inmediato a las niñas y niños menores de 18 años reclutados, y a no reclutar más niños, niñas y adolescentes.
En su visita a Quibdó, el Representante de ONU Derechos Humanos se reunió con la Gobernadora del Chocó, con la Secretaría de Gobierno, con el comandante de la Policía, con la Defensoría del Pueblo, con la Iglesia Católica y con representantes de comunidades y personas defensoras de derechos humanos.
