El Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por no haber prevenido hace siete años el desplazamiento forzado de 405 indígenas wounaan de las comunidades de Chachajo, Chamapuro y Aguaclara en el municipio de Litoral de San Juan. El Estado deberá entregar $20.000 millones al Fondo para Protección de los Derechos Colectivos para repararlos.
Según el alto tribunal, no hubo medidas de atención que les permitieran una vida digna durante su desplazamiento desde la cuenca baja del río San Juan hacia Buenaventura, ni unas condiciones que permitieran su retorno.
Este pago debe ser realizado por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, el Distrito de Buenaventura y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv). Además, los condenados deberán ofrecer excusas públicamente a los indígenas afectados.
La decisión se dio gracias a una demanda de acción de grupo que presentó un abogado representante de las comunidades.
Para los demandantes no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar la violencia en el bajo San Juan, lo que causó el desplazamiento. Esta violencia por parte de grupos armados continuó acechando a las víctimas durante su regreso. Además, se comprobó la falta de gestión estatal para suministrar servicios y atención humanitaria a estas comunidades durante el tiempo que permanecieron desplazados de sus tierras, afectando su integridad étnica.
Durante el proceso, los municipios de Buenaventura y Santiago de Cali aseguraron que prestaron la atención que necesitaban los desplazados al llegar a las ciudades. Esto a través de jornadas de vinculación escolar, traslado de EPS y logística de transporte para su retorno. El Ejército y la Policía señalaron que no hubo omisión, ya que en la zona hubo importantes éxitos en operativos militares, además aseguraron que la seguridad de las comunidades corría por parte de la Infantería de Marina de la Armada Nacional. Al final, el Ministerio del Interior explicó que el Ministerio de Defensa era el encargado del orden público, y que no se probó el nexo de causalidad entre el daño y las omisiones del Estado.
No obstante, según la demanda, en presencia de los indígenas wounaan las organizaciones ilegales cometían asesinatos, extorsiones, despojo de tierras para cultivar sustancias ilícitas y mantenían en constante enfrentamiento con el Ejército. El Tribunal Administrativo del Valle negó las pretensiones, en primera instancia, pues consideró que la presencia del Ejército en la zona del desplazamiento y las pruebas presentadas por la Defensoría del Pueblo sobre las ayudas que habrían recibido las comunidades, eran suficientes para exculpar al estado. Sin embargo, la decisión fue apelada ante el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado determinó que las entidades estatales sí fueron responsables del daño que sufrieron las víctimas por su desplazamiento forzado. Esto debido a la falta de atención que sufrieron al huir de sus tierras y la inacción de las instituciones a la hora de gestionar un retorno seguro de los aborígenes. La sala encontró que el bajo San Juan, a pesar de cultivar un lazo ancestral entre el pueblo Wounaan y la tierra, ha sido un lugar azotado por el abandono del Estado.
