El próximo 1 de diciembre 446 indígenas embera katío y embera chamí retornarán de Bogotá a sus territorios en el Alto Andágueda y a Mistrató. La Unidad para las Víctimas garantizará lo necesario para el regreso de poco más de 120 familias. Todavía hay que resolver temas logísticos y compromisos relacionados con la seguridad en los resguardos.
Esos indígenas vivieron dos años albergados en el refugio transitorio del Parque La Florida, en Bogotá y recibirán varias ayudas estatales.
Entre estas se cuentan un auxilio económico repartido en tres giros de dinero, uno cada cuatro meses, con los que se busca garantizar la sostenibilidad del retorno y un mejoramiento de vivienda que incluye, entre otras cosas, kits con 20 tejas, amarras, hacha, machete, martillo, serrucho, lima, azadón y barretón.
Un funcionario de la Unidad de Víctimas manifestó que, “las familias están en una situación muy compleja y sabemos que muchas de ellas quieren retornar a su territorio, tenemos una fecha prevista para el retorno entre los días 1 y 2 de diciembre, pero también dependemos de la concertación con las autoridades indígenas”.
También de autoridades locales y nacionales que se encargarán de ofrecer todas las garantías necesarias para un retorno cómodo: buses con espacio suficiente para transportar a todos los beneficiarios en condiciones dignas, camiones para el traslado de las propiedades que estos lleguen a tener y hasta mulas para lograr la movilización de todo lo anterior en las zonas de trocha que llevan a los respectivos resguardos.
“Desde la Unidad estamos haciendo todas las gestiones posibles para que estas familias retornen a sus resguardos ancestrales con sus familiares lo más pronto posible, esto teniendo en cuenta todas las garantías de transporte, alimentación, salud y seguridad”, explicó al respecto Jonathan Forero, coordinador del grupo de retornos y reubicaciones, citado por la emisora Blu Radio.
Los funcionarios resaltaron, además, que estas labores de retorno se logran luego de haber adelantado siete jornadas de identificación, que fueron las que permitieron identificar cuántas personas estaban dispuestas a retornar, a qué territorios y bajo qué condiciones. No obstante, todavía queda trabajo por delante.
Julio Nayazá, líder de la comunidad, dijo que “tenemos que hacer acuerdos y compromisos serios y firmados, hay acciones de años anteriores con las entidades que no se han cumplido, desde luego queremos que las familias retornen y no sufran más en la capital, pero queremos que se garanticen las ayudas en temas alimentarios, proyectos productivos y la seguridad para permanecer en los resguardos”.
El plan de retorno de las familias tendrá un valor aproximado de 1.100 millones de pesos “pero también hay que sumar los componentes en los cuales se involucra al Distrito y a las demás entidades territoriales que van a estar recibiendo a la población”.
