Carlos Mario Cardona Pérez, personero de Bahía Solano, denunció que el Estado en su conjunto ha incumplido lo estipulado en el Plan de Retorno a las comunidades indígenas del resguardo Alto Río Valle y Boroboro.
Este Plan de Retorno es estructurado por la Unidad para las Víctimas, entidad adscrita al Departamento de Prosperidad Social, y varias entidades tienen la obligación de realizar unas acciones, como la gobernación, Sena, alcaldía, Ministerio del Interior, Icbf.
Las comunidades indígenas del resguardo Alto Río Valle y Boroboro, de Bahía Solano, retornaron a su territorio a finales del mes de enero de 2021, luego de sufrir un desplazamiento masivo por el asesinato de uno de sus líderes el 4 de diciembre de 2020. Y hoy siguen esperando que les cumplan los compromisos establecidos en el respectivo Plan de Retorno, que fue aprobado solo en el mes de marzo de 2024.
Según el personero Cardona Pérez, la estructuración del Plan de Retorno se inició con las reuniones de concertación realizadas con las comunidades indígenas en el primer semestre del 2021; en noviembre de 2023 se realizó la Mesa de Sostenibilidad y en marzo de 2024 se logró la aprobación del Plan de Retorno en el marco de un Comité de Justicia Transicional.
Diferentes entidades del Estado asumieron compromisos con estas comunidades, pero a la fecha el cumplimiento de dicho Plan de Retorno no supera un cinco por ciento; las organizaciones no gubernamentales han avanzado en algo, pero las inversiones relevantes aún no llegan.
“Las afectaciones que sufrieron las comunidades indígenas del resguardo alto Río Valle – Boroboro por culpa de la violencia a finales del 2020 fueron altas. Más de 2.000 indígenas tuvieron que dejar su territorio, perdieron todo, la infraestructura de sus viviendas, escuelas, acueducto, sufrieron afectaciones considerables hasta el punto de quedar inutilizables; sus cultivos de pan coger y animales de cría se perdieron y hasta la fecha no han recibido ninguna intervención relevante que les ayude a recuperar sus condiciones normales de vida respetando sus usos, costumbres y cosmovisión”, dijo Cardona Pérez.
Y agregó: “A pesar del tiempo que ha pasado, a pesar que se estructuró un Plan de Retorno donde participaron y se comprometieron muchas entidades del Estado hasta la fecha no han cumplido. El municipio de Bahía Solano ha avanzado en algunos temas, pero no tiene una capacidad de respuesta para todas las necesidades de estas comunidades por el alto costo económico que se requiere para ejecutar la obras que quedaron establecidas. Se requiere que las entidades que se comprometieron cumplan con lo que les corresponde. Estas comunidades fueron engañadas y es deber del Estado garantizar a plenitud sus derechos. No se puede olvidar que las comunidades indígenas gozan de protección especial por parte del Estado; las problemáticas de estas comunidades no se van a solucionar con mercaditos que de vez en cuando les envían, aquí se necesitan inversiones de verdad”.
