La Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana solicitaron este 1 y 2 de octubre de 2026 la apertura urgente de corredores humanitarios seguros en el sur del departamento del Chocó.
El llamado se produce tras una serie de ataques con drones equipados con artefactos explosivos dirigidos contra instalaciones de la Fuerza Pública en los municipios de Río Iró, Condoto y Nóvita, en la subregión del San Juan.
Según el comunicado conjunto de las entidades eclesiales, estos hechos de violencia han generado profunda zozobra en la población civil, han paralizado actividades cotidianas y elevan el riesgo de confinamientos, restricciones a la movilidad fluvial y terrestre, y un posible desabastecimiento de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad.
Las organizaciones religiosas expresaron especial preocupación por el impacto de la confrontación armada sobre las comunidades de esos tres municipios y pidieron que se garantice el ingreso seguro y oportuno de la Misión Médica, de las organizaciones humanitarias y de las instituciones eclesiales.
“La asistencia médica, alimentaria, psicosocial y de protección tiene una finalidad esencial: proteger la vida y aliviar el sufrimiento humano”, señalaron la Conferencia Episcopal y Cáritas Colombiana.
Asimismo, hicieron un llamado a todos los actores armados para que respeten plenamente el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil o afecten bienes indispensables para su supervivencia, como centros de salud, escuelas o infraestructura de agua.
El pronunciamiento, firmado por monseñor Germán Medina Acosta, secretario general de la Conferencia Episcopal, y el padre Diego Meza Gavilanes, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, indica que la Iglesia continuará acompañando a las comunidades afectadas desde las diócesis, parroquias y equipos de Pastoral Social, y participará en la respuesta humanitaria.
La solicitud se enmarca en un contexto de creciente uso de drones con explosivos en la región, que ha elevado los riesgos para la población civil que habita cerca de las instalaciones atacadas.
