Por Cristina Plazas Michelsen, analista y columnista.
El Chocó enfrenta una situación crítica en su conectividad, con dos proyectos de fibra óptica detenidos por intereses particulares que bloquean el desarrollo de la región.
Aunque estos proyectos, uno privado liderado por Claro y otro público a cargo de Internexa, tienen el potencial de transformar la conectividad del departamento, ambos están siendo víctimas de una cadena de obstrucciones inaceptables.
El proyecto de Claro fue el primero en enfrentar problemas, cuando grupos al margen de la ley extorsionaron a la empresa, exigiendo pagos ilegales para permitir el avance de las obras. Esta situación fue resuelta gracias al apoyo de la fuerza pública.
Sin embargo, tras superar esta amenaza, ambos proyectos quedaron paralizados por las exigencias desmedidas de algunos “líderes” indígenas y afrodescendientes, como los del Resguardo Indígena El Fiera, Sabaleta y el consejo comunitario COCOMACIA.
Estos “líderes” han impuesto demandas que incluyen retribuciones económicas, obras civiles y proyectos productivos por más de 6 mil millones de pesos. Estas exigencias son completamente inviables porque desfinancian el proyecto, cuyo propósito es mejorar la conectividad en beneficio de toda la región. Además, se oyen rumores de que algunos estarían solicitando presuntos pagos “por debajo de la mesa” para beneficio personal.
Lo más grave es que estas demandas persisten a pesar de que el Ministerio del Interior certificó que este proyecto no requiere consulta previa, dado que se trata de un acto progresivo que mejora servicios públicos y se desarrolla de forma aérea, utilizando las mismas servidumbres del cableado eléctrico existente.
Lo que está ocurriendo en el Chocó es parte de un fenómeno nacional.
En muchas regiones de Colombia, se ha consolidado una mafia organizada que, bajo el disfraz de “consultas previas” o liderazgos comunitarios, manipula la ley para chantajear al Estado y bloquear proyectos de desarrollo. Esta organización delictiva no busca proteger los derechos colectivos; su propósito es frenar el progreso para sacar provecho personal, afectando no solo a las regiones directamente involucradas, sino al país entero. Lo que debería ser un mecanismo legítimo de participación se ha convertido en una herramienta de chantaje al servicio de intereses oscuros.
Si se lograran ejecutar los dos proyectos del Chocó, el departamento quedaría con una conectividad de primera línea, capaz de transformar su futuro y mejorar la calidad de vida de miles de personas. Pero esta oportunidad sigue bloqueada por quienes han decidido priorizar intereses particulares sobre el bien común.
La conectividad no es un lujo, es una necesidad urgente. Es hora de que los verdaderos líderes comunitarios se posicionen y trabajen por el progreso colectivo. Colombia no puede seguir siendo rehén de estas mafias organizadas que bloquean su desarrollo.
Hago un llamado a las autoridades nacionales, a los organismos de control y a la justicia: no podemos seguir tolerando la operación de estas mafias. Los colombianos necesitan infraestructura, conectividad y desarrollo, y estas obstrucciones afectan no solo al Chocó, sino a todo el país. Este problema requiere una respuesta firme, contundente y coordinada por parte del Estado.
¡Es hora de actuar con decisión y justicia!
