El control hegemónico del ELN, la expansión del autodenominado EGC y la incursión intermitente de estructuras del crimen organizado forman parte de las dinámicas que tienen en peligro a la comunidad.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2026 con 32 recomendaciones para que las entidades competentes emprendan acciones para proteger los derechos a la vida, integridad y seguridad de quienes allí habitan.
La confluencia de dinámicas del conflicto armado y de criminalidad que amenazan a las y los habitantes del municipio de Atrato, en el departamento del Chocó, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana 011 de 2026.
La entidad advierte que el riesgo es particularmente preocupante para Yuto (su cabecera municipal) y los corregimientos (zonas rurales estratégicas) Doña Josefa, Samurindó, Arenal, La Molana, San José de Purré, Real de Tanando, Motoldó, San Martín de Purré, Puente de Paimadó y Puente de Tanando.
El escenario de riesgo se divide en tres dinámicas principales. La primera es el control territorial hegemónico de la guerrilla del ELN (a través de su Frente Manuel Hernández El Boche) en las zonas rurales dispersas. La segunda es la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC, con la participación del Bloque Pacífico y la subestructura Carreteras) desde la zona urbana hacia el área rural, con el propósito de controlar las rentas de la minería ilegal de oro y rutas del narcotráfico.
Y la tercera obedece a la incursión intermitente de los grupos de crimen organizado Los Mexicanos y Los Zetas, que se repliegan desde el municipio de Quibdó y realizan alianzas con el ELN para cometer delitos de alto impacto.
Materialización de graves conductas que vulneran derechos
Entre 2024 y 2025 ocurrieron secuestros y toma de rehenes contra personas servidoras públicas, como delegadas y delegados de la Registraduría Nacional de Estado Civil, del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). Sin embargo, existe la posibilidad de que persistan este tipo de hechos en el año 2026.
Asimismo, se ha reportado una tendencia al aumento de homicidios, en especial en Samurindó, La Molana y Arenal, y extorsiones a comerciantes, mujeres y hombres que viven del servicio de transporte. Sobre este último tema, se pasó de tres denuncias en 2024 a 14 casos en 2025, además de que existe un alto subregistro de situaciones por el temor de la comunidad a denunciar.
Gobernanza armada
Los grupos armados ilegales ejercen una fuerte gobernanza armada para restringir la autonomía de las comunidades afrocolombianas. Entre sus acciones se encuentran la imposición de paros armados (seis registrados entre 2024 y lo corrido de 2026 por el ELN), restricciones de horarios, marcación de viviendas con grafitis del autodenominado EGC e instalación de bafles con explosivos y banderas alusivas a los grupos en zonas civiles. Estas acciones buscan ejercer control sobre las comunidades e incidir en las decisiones de los consejos comunitarios.
Además, la Defensoría ha documentado graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), como amenazas a la misión médica para priorizar atenciones a combatientes y la utilización de lugares de culto y centros educativos para instalar propaganda armada. El accionar bélico y extractivo también genera daños irreparables al río Atrato, reconocido como sujeto de derechos, debido al uso de mercurio en la minería ilegal y la deforestación controlada por los actores armados no estatales.
Grupos poblacionales en riesgo
El riesgo es crítico para la niñez y la adolescencia, pues son víctimas de reclutamiento, uso y utilización ilícitos. El ELN les vincula para operaciones militares mientras que el autodenominado EGC les utiliza como «campaneros» e induce al consumo de sustancias psicoactivas para que posteriormente las comercialicen.
Las mujeres y la población con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH) enfrentan riesgos de violencias basadas en género ante el repliegue de grupos criminales desde Quibdó. Asimismo, las autoridades étnico-territoriales de los consejos comunitarios Cocomopoca, Cocomacia y La Molana sufren presiones y amenazas directas por oponerse al control de las economías ilícitas en sus territorios.
Personas defensoras de derechos humanos, con liderazgos sociales, adultas y adultos mayores, estudiantes y docentes, servidoras y servidores públicos, población víctima, comerciantes, personas campesinas y agricultoras, integrantes de la misión médica y población socialmente estigmatizada también están en peligro.
Llamado a la acción
Ante este panorama de riesgo, la Defensoría del Pueblo formuló en su AT 011-26 un total de 32 recomendaciones a los ministerios del Interior, Defensa, Salud y Educación, la Gobernación del Chocó, a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Atrato, entre otros entes.
Las recomendaciones exigen una respuesta rápida para la disuasión de la violencia, salvaguarda de los derechos a la vida, integridad y seguridad, protección de liderazgos sociales, fortalecimiento de la conectividad y de la prestación de servicios básicos en la ruralidad, así como investigación judicial efectiva para desmantelar las estructuras criminales que delinquen en el municipio.
